El decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, continúa generando reacciones, en esta ocasión se pronunció el vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien lanzó una contundente advertencia.
De acuerdo con el contralor, se está poniendo en riesgo la ejecución del presupuesto, ya que el decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación.
Según lo argumentó, dicha eventualidad, podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituir un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria en Colombia.
Precisó en esa línea, que a partir del acto legislativo 04 de 2019 y del posterior decreto 403 de 2020, que crearon la nueva modalidad del control concomitante y preventivo, la CGR ya no tiene que esperar a que se termine el ciclo de ejecución para adelantar un ejercicio de control fiscal cuando todo está consumado y posiblemente se haya presentado una anomalía en la ejecución.
“Ahora puede emitir advertencias cuando a su juicio y bajo unas condiciones estrictas pueda existir algún nivel de riesgo con el fin de prevenirlo o evitar que se expanda. Esto fue lo que sucedió el día de hoy cuando la CGR emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 mediante el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación 2024”, detalló la CGR.
Zuluaga señaló que una vez el Congreso de la República expide la ley del PGN 2024, el presidente de la República la sanciona y es deber del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el Estatuto presupuestal vigente (Decreto 111 de 1996), hacer la desagregación necesaria en los diferentes rubros de gasto (funcionamiento, deuda e inversión) para poder en la práctica ejecutar los recursos.
Con la expedición del Decreto 2295 de 2023, a juicio del ente de control, no se cumplieron dos parámetros que justifican la decisión de llamarle la atención al Ministerio de Hacienda mediante la función de advertencia: por un lado, el artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del PGN para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto.
Para la CGR estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto: varias entidades importantes del Estado, como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión impedían que estos se incorporaran al Siif y comenzase la ejecución de los recursos. Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año.
Se estimaba en $18 billones los recursos aprobados en la ley de presupuesto, pero no desagregados en proyectos que son estratégicos para el desarrollo del país y el impulso al crecimiento dada esta coyuntura actual de desaceleración económica, tales como carreteras en concesión, sistemas de transportes masivos, carreteras secundarias y terciarias, entre otras.
