Testimonios clave desvinculan a representantes de empresa de seguridad de supuestas actividades ilegales relacionadas con el exdiputado del Atlántico.
En medio de las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, dos funcionarios de la empresa de seguridad Lost Prevention han emitido testimonios que contradicen las afirmaciones que vinculan a la compañía con el exdiputado. Estos testimonios podrían tener un impacto significativo en el caso que se sigue contra Petro, en el que se le señala de utilizar la empresa para legitimar fondos de origen dudoso.
Contrario a las informaciones previas que sugerían la participación activa de Lost Prevention en las actividades ilícitas relacionadas con Petro, nuevos testimonios han surgido, presentados ante la Fiscalía General de la Nación. En estas declaraciones juramentadas, los representantes legales de la empresa han afirmado no tener conocimiento alguno sobre Nicolás Petro ni sobre Daysuris Vásquez, desmintiendo así su participación en los supuestos actos delictivos.
La gerente de Lost Prevention, Lilian Dolores López, fue enfática al declarar: «En primer lugar, yo no conozco al señor Nicolás Petro, como le dije anteriormente. No tengo ni idea de él. Y nadie ha llegado a la gerencia de la empresa, ni me ha llegado a mí, ni como representante legal, ni como título personal, a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco. Eso no tiene ni pies, ni cabeza, sinceramente.»
Estas afirmaciones son respaldadas por el asesor jurídico de la compañía, Ángel María Carrillo, quien rechazó haber tenido algún tipo de relación comercial con Nicolás Petro. Carrillo afirmó: «No los conozco. Me extrañó que dijeran que yo les di seguridad, porque en las cuestiones de seguridad yo no intervengo, yo no adjudico puestos. Yo no hago nada de eso, porque no tengo la capacidad jurídica para, porque no soy socio dentro de esa empresa.»
Estas declaraciones desvirtúan la versión de la presunta participación de Lost Prevention en el caso de los ‘narcopagos’, como se había sugerido anteriormente. Sin embargo, el fiscal Mario Burgos ordenó la interceptación de las comunicaciones de los funcionarios de la empresa, así como de la pareja actual de Nicolás Petro, en un intento por encontrar pruebas de actividad ilegal. A pesar de esto, la solicitud fue cancelada al no arrojar resultados relevantes para la investigación.
El caso sigue generando controversia y se espera que nuevos desarrollos aclaren la verdadera naturaleza de las relaciones entre Lost Prevention y Nicolás Petro.
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