Tras dos meses de investigación, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dio a conocer un total de 501 hallazgos sobre presuntos casos de corrupción en la alcaldía del anterior mandatario, Daniel Quintero.
Según lo explicó Gutiérrez, los hallazgos son sobre acciones de la pasada administración entre 2020 y 2023.De acuerdo con el alcalde son 501 hallazgos que han investigado, mientras gobiernan y ponen “en orden la casa”, porque la encontraron “ incinerada, vandalizada y saqueada”, anotó.
En esa línea, detalló que los folios solo corresponden a las pruebas de algunos de los hallazgos: “todavía no están EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín, ni muchas otras que presentan también graves irregularidades”, explicó.
De acuerdo con la actual administración, los hallazgos reflejan la manera en la que, “en el cuatrienio 2020-2023, se tomaron decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico y de recursos humanos que impactan los recursos públicos de Medellín en cifras millonarias y que evidencian el precario nivel de transparencia en las actuaciones administrativas”.
COMILLÓN: En la mayoría de casos nos constituimos como víctimas desde la Alcaldía
Precisó el alcalde, que las investigaciones revelan detalles desconocidos del negocio de la Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop, cuestionan la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo y señalan que Presupuesto Participativo funcionó como un ‘carrusel de la contratación’.
“En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la Alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones, y eventualmente ser indemnizados por perjuicios”, indicó.
De acuerdo con el mandatario, uno de los casos más delicados tiene que ver con el programa insignia de la pasada administración de Medellín: Computadores Futuro, sobre el cual denunció una presunta adjudicación fraudulenta del contrato, del cual subrayó que tuvo sobrecostos y retrasos.
El contrato inicial se adjudicó por un valor de $80.000 millones. Sin embargo, tuvo 6 modificaciones y terminó costando $118.000 millones, es decir $38.000 millones más.
Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas, por ejemplo, se hallaron equipos sin sistema de ventilación. Además, más de 9.000 computadores fueron entregados bajo la modalidad de incentivo, lo cual no está permitido, ya que la Constitución Nacional prohíbe las donaciones a particulares por parte de entidades públicas.
La gravedad de los hallazgos es tal, que incluso el alcalde denunció que uno de los Computadores Futuro fue encontrado en una casa de empeño de la ciudad.
Otro de los señalamientos más escandalosos hechos por el mandatario compromete el manejo de recursos de Presupuesto Participativo durante los recientes cuatro años.
“Se evidenció un presunto ‘carrusel de la contratación’ en el que se direccionaron los recursos de Presupuesto Participativo para favorecer a 18 corporaciones, soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones con las que Plaza Mayor debía contratar, lo cual está prohibido por la ley”, detalló.
Cuestionó también que los operadores identificados en los códigos internos suman contrataciones por un valor superior a $25.000 millones, solo en 2023.
Por otra parte, con relación al negocio de la Clínica de la 80, al parecer según lo explicaron hubo un presunto detrimento patrimonial y fue un negocio mal hecho que dejó pérdidas millonarias. La alcaldía del momento firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 y posteriormente hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor cercano a los $24.000 millones; luego SaludCoop solicitó la devolución de la clínica. La alcaldía firmó un contrato para vender las adecuaciones a un privado por $12.000 millones, y ese valor fue inferior al 50 % de los recursos públicos invertidos, con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas.
Precisó además, que la decisión se debía llevar al comité de conciliación para su aprobación. Este nunca lo aprobó. Al día siguiente, secretarios de Salud, General y Suministros incurrieron en una presunta falsedad en el documento de venta ante notaría sosteniendo que el comité de conciliación los había autorizado para ello.
“Nuestra administración, en cumplimiento de la ley y el compromiso adquirido por la ciudadanía, ha realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, puntualizó sobre este último caso.
