Por GREGORIO TORREGROSA P.
Como tal vez lo recordarán mis habituales lectores, y a quienes no lo son tanto, esta vez les contextualizo. En nuestra columna anterior me referí al pedazo que le hacía falta a la historia de la Corte Suprema de Justicia y su persistente negativa al momento de votar positivamente la escogencia de la nueva fiscal. Ese pedazo faltante, seguramente, nos permitiría comprender la inexplicable, por absurda e ilógica, indefinición del máximo órgano en el cumplimiento de una función de su rol administrativo, que no judicial.
El que la Corte Suprema de Justicia, luego de dos intentos, que ya se completan tres, y con varias rondas de votaciones, no haya sido capaz de elegir fiscal general de la Nación, no solo desconcierta, sino que preocupa en extremo, pues tal hecho, para colmo, terminó empoderando en el cargo como fiscal encargada, con todas las facultades omnímodas, a la señora Martha Mancera.
Dicha funcionaria, como es de conocimiento público, está seriamente cuestionada por su participación activa en la protección del señor Francisco Martínez Ardila, alias Pacho Malo, exdirector del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) en Buenaventura, es decir, una especie de policía de la fiscalía, y quien, al parecer, resultó gravemente comprometido en actividades de narcotráfico con reconocidas bandas internacionales, al punto que hoy, después de dos años de tener pleno conocimiento la doctora Mancera, solo hasta ahora, se ha ordenado su captura, de una manera silente, sin fotos que muestren al reo esposado, ni discursos elocuentes, o carros blindados con sirenas estridentes, y solo con acusación de contrabandista, omitiendo la de narcotraficante; mucha es la diferencia con el espectáculo circense al que asistimos los colombianos con ocasión de la captura de Nicolás Petro.
Pero volviendo al pedazo extraviado, tenemos que el periodista Gonzalo Guillén acaba de incidir, o ser determinante, para que 7, de los 23 magistrados que integran la Corte Suprema, se declararan impedidos para conocer de una tutela interpuesta por este, en virtud de la cual, pretende que dichos magistrados se abstengan de votar en el trámite de la designación de la nueva fiscal, debido al conflicto de intereses que surge a partir de cuando familiares, cercanos a dichos magistrados, dentro del cuarto grado de consanguinidad, son nombrados por la cúpula de la actual Fiscalía General de la Nación, algunos de ellos, con salarios que bordean los 31 millones de pesos.
La aceptación de tales impedimentos, si bien por mecanismos procedimentales, estuvo a cargo de conjueces (dignidad honorífica que recae en abogados en ejercicio, ajenos a la Corte, que tienen como función, entre otras, resolver las declaratorias de impedimentos de los magistrados), tuvo su origen, como ya se dijo, en la referida tutela, luego de que el periodista Gonzalo Guillén hubiera solicitado información, a través de un derecho de petición presentado a la Corte Suprema el día 27 de noviembre de 2023, respecto de: “si en la actualidad los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, están prestando función pública como servidores da la Fiscalía General de la Nación o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. De allí que la declaratoria del impedimento se tiene como algo forzado y no espontáneo, como debería ser, por iniciativa propia de cada uno de los encartados con la obligación de dar respuesta a lo inquirido por el peticionario.
Que un magistrado tenga un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad ocupando un alto cargo dentro de la fiscalía, nombrado precisamente, por quien, a su vez, respecto al cual, ahora el magistrado votante tiene en sus manos la facultad de determinar su corta o prolongada permanencia, parece trasladarnos al más elemental escenario de un serio conflicto de intereses, pues nada impedirá que el advenimiento de una nueva fiscal no implique, como en la tauromaquia, que cada torero venga con su propia cuadrilla.
Entonces preocupa que, atendiendo a la historia en materia de tardanza en la elección de un nuevo fiscal, los magistrados actuales se sientan en la zona de confort al recordar que en el pasado la interinidad del fiscal Guillermo Mendoza Diago se prolongó por 17 meses (1 de agosto de 2009 hasta el 11 de enero de 2011), con lo que el tema Mancera está apenas en estado de embrión.
Esta especie de suspicacia se magnifica cuando los medios tradicionales de comunicación han guardado un vergonzoso silencio sepulcral al respecto. Ninguno de ellos, ni siquiera de manera tangencial, se ha referido al asunto de los impedimentos de los magistrados y, menos aún, a los referidos nombramientos.
Tal vez, pudiera decirse que el portal La Silla Vacía se refirió al episodio para tildar de falso el trino de Gonzalo Guillén, al cual descalifica bajo el entendido de que el auto de los conjueces declarando procedente el impedimento respecto a los 7 magistrados, no se refiere a la facultad de estos para votar la elección de la nueva fiscal, sino a la incompetencia para conocer la tutela, lo que es evidentemente cierto, pero al tiempo, esto no implica que se tenga por falso el mentado trino, más allá de que no se comparta la interpretación extensiva de Guillén respecto al auto que declara el impedimento, tal como, con incisiva vehemencia, lo pregona el citado portal; ello, habida cuenta que la tutela tiene como pretensión que los magistrados de la Corte declarados impedidos se abstengan de votar el próximo 7 marzo, pues la reconocida vinculación en la fiscalía de familiares cercanos, no solo representa el pedazo que le faltaba a la historia, sino que también constituye un real conflicto de intereses.
