Por WILSON FAYAD AHCAR
En ese sentido, puede decirse que el programa político de Petro jamás ha propuesto la ruptura revolucionaria del orden institucional capitalista imperante en Colombia, que implique una eventual “sustitución” total o parcial de la Constitución por el constituyente primario; ninguna de sus propuestas busca alterar siquiera uno solo de los elementos esenciales que define la actual identidad o fisonomía de la Constitución del 91; ninguna de sus propuestas económicas defiende siquiera una de las características esenciales del socialismo como sistema de producción.
Lo anterior sin contar que sus programas sociales y muchas de las demás propuestas que integran su plataforma política no son siquiera de carácter partidista, esto es, ni de izquierda ni de derecha, ni socialista ni capitalista sino más bien universalista, como, por ejemplo, la educación superior universal y gratuita, la renta ciudadana, el tema de las energías limpias, la reivindicación o recuperación de derechos arrebatados a los trabajadores, entre otras, si bien pudieron haber surgido de las toldas del socialismo.
Luego entonces, ¿Cuál es el cuento de la oposición y sus periodistas y medios de comunicación aliados? ¿Cuáles son las nuevas y diferentes estructuras e instituciones políticas, sociales o económicas que pretende o que ha introducido el gobierno de Petro? ¿Dónde está la destrucción de las instituciones capitalistas establecidas en la Constitución del 91? ¿De qué revolución o de qué izquierda o de qué socialismo o de qué comunismo estamos hablando? Ese “cuco” sólo ha sido fabricado y divulgado por los actores políticos más influyentes actualmente: los medios de comunicación en manos de los grupos económicos más poderosos del país, que se afanan continuamente por reforzar cada día más la desinformación o falta de educación política que pulula por las redes sociales.
Que quede claro, pues, que el programa político de Petro no es revolucionario, no es socialista; por el contrario, conserva las instituciones fundamentales del capitalismo bajo un modelo de economía social de mercado, el cual, como lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterados fallos, al mismo tiempo que respeta la propiedad privada y la libre competencia, le asigna al Estado la obligación de intervenir en la economía con el fin de mitigar (no corregir) las fallas del mercado, dentro del marco del denominado Estado Social, por disponerlo así expresamente nuestra misma Constitución (arts. 1°, 2°, 58 y 334).
Es más, yo diría que por eso es, precisamente, que los aún sobrevivientes de la izquierda radical de antaño, al referirse a sus “camaradas” no alineados, como Petro, dicen que pertenecen a una “izquierda light”, seguramente porque sus programas electorales no contienen la cantidad de “calorías” básicas que constituyen la esencia misma de la ideología de izquierda-socialista.
Hay que reconocer, sin necesidad de tomar partido por alguna ideología política en particular, que esa es la realidad de la intención política y económica del gobierno, que no ha hecho nada distinto de lo que la Constitución consagra y le permite: desarrollar el Estado Social -instituido por el pueblo mismo mediante la Asamblea Constituyente del 91-, procurar hacer efectivos, de una vez por todas, todos y cada uno de los derechos humanos sociales allí establecidos, e intervenir “para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. Y eso no lo dice Petro… ¡lo dice textualmente el art. 334 de la Constitución!
Y si eso es ser de “izquierda”, entonces habría que decirle a la oposición que sí es cierto que este gobierno pertenece a la izquierda, pero a una izquierda que tendría que calificarse de “constitucional” y que, por ello, pierda cuidado, que …. ¡No le coge el cuco!
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