En los próximos días llegará al Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se busca modificar el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia. En esa línea, se busca agregar un párrafo transitorio que permita que los líderes políticos se puedan cambiar de partido sin perder su escaño o cargo de elección popular.
De acuerdo con la iniciativa, el parágrafo, estipularía: “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, autorícese, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo, a inscribirse en un partido o movimiento político distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.
Precisa el proyecto, que el artículo 107 de la Constitución, objeto de modificación en iniciativa, sumado al escaso desarrollo de la figura constitucional de las coaliciones, tal como está brevemente consignado en el artículo 262 de la Carta Magna, han dificultado las dinámicas de integración de partidos, dado que restringen las posibilidades de movilidad de aquellos actores que, en razón de su representatividad, buscan integrar las colectividades que más se ajusten a sus concepciones del bien y de lo público.
Según se lee en el documento, la historia política de Colombia puede entenderse, “como el proceso continuo de liberación de tensiones sociales mediante mecanismos constitucionales de constricción o apertura del sistema democrático de participación. Desde el logro de la independencia, el permanente reto de construcción de Nación ha consistido en la identificación del marco normativo que permita dar cuenta del pluralismo cultural de nuestro territorio, desde una perspectiva que, a la vez, asegure el carácter unitario de nuestro país y la inclusión progresiva de todos y cada uno de sus integrantes”.
De acuerdo con los parlamentarios, el proceso de interpretación jurídica del pacto social, que han venido plasmando desde el texto Constitucional de 1821, ha intentado dar cuenta de la evolución social, económica, política y moral de la ciudadanía, siempre en función de la incorporación progresiva de un marco integral de derechos que aseguren la representación fidedigna de nuestra compleja realidad.
