Ministro de Defensa confirma medidas para regular el acceso a las armas de fuego en el país.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha decidido prorrogar la vigencia del Decreto 2362 de 2018 para el año en curso, 2024, manteniendo así la suspensión de la expedición de nuevos permisos de porte de armas en Colombia.
Esta determinación se enmarca en un esfuerzo continuo por controlar y regular el acceso a las armas de fuego en el territorio nacional, con el propósito de prevenir su uso indebido y fortalecer la seguridad pública.
El Ministerio de Defensa ha establecido criterios específicos para las autoridades militares encargadas de revisar y evaluar las solicitudes de permisos especiales de porte de armas. Esta nueva directriz recalca que el porte de armas de fuego no constituye un derecho fundamental en Colombia, sino una excepción sujeta a un proceso riguroso de evaluación.
La medida tiene como objetivo garantizar que únicamente aquellos solicitantes que cumplan con todos los requisitos establecidos puedan obtener el permiso especial correspondiente.
Asimismo, se ha detallado que el proceso de evaluación para la obtención de un permiso especial incluye chequeos de antecedentes, pruebas psicotécnicas y la justificación de la necesidad legítima de portar un arma. Esto se realiza con el fin de garantizar que las armas estén en manos adecuadas y reducir los riesgos asociados a su mal uso.
Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de la violencia armada en el país, mediante un control más estricto sobre la circulación de armas de fuego.
En cuanto a los requisitos y las personas autorizadas para portar armas en Colombia, el proceso se rige por el Decreto Ley 2535 de 1993, el cual establece los criterios para la obtención de permisos de porte de armas tanto para el Estado como para casos especiales.
Se reconoce que ciertos individuos, como miembros de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados y funcionarios gubernamentales, entre otros, pueden ser autorizados para portar armas en circunstancias específicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos.
Esta regulación busca equilibrar el derecho a la seguridad personal con la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública en el país, promoviendo un entorno seguro para todos los ciudadanos.
