Procuraduría desestima recusación de Álvaro Leyva contra procurador del caso

Álvaro Leyva.

La procuradora general, Margarita Cabello, ha desestimado la recusación presentada por Álvaro Leyva contra el procurador Ernesto Espinosa, quien está a cargo del juicio contra el suspendido canciller por el caso de la licitación de los pasaportes.

La defensa de Leyva había alegado una presunta enemistad del procurador delegado debido a unos trinos publicados contra el gobierno de Petro. Sin embargo, la procuradora ha rechazado estos señalamientos al indicar que la supuesta ‘enemistad’ debe ser probada con evidencia concreta.

“La enemistad grave no se demuestra a partir de las propias apreciaciones o presunciones, ni analógicamente, sino demostrando unos actos realizados, en este caso, del ministro disciplinable y del procurador recusado (…) porque el mero capricho no lo habilitará para apartarse del conocimiento del asunto”, afirma el documento.

El abogado Yefferson Dueñas, representante legal de Leyva, argumentaba además que los funcionarios no solo deben ser imparciales, sino también “parecerlo”. En respuesta, la procuradora citó un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resaltando que “las apariencias podrían tener importancia”.

No obstante, la procuradora sostuvo que “de ello no se deriva, como regla, que cualquier circunstancia aparente entrañe una desconfianza en el funcionario, que conlleve su separación del proceso”, según el documento.

Ante estas explicaciones, Cabello concluyó que no se ha evidenciado ninguna afectación a la autonomía o imparcialidad del procurador Espinosa por las supuestas acusaciones del abogado defensor.

“En el ámbito de lo meramente objetivo, exista prueba de la existencia de un motivo que permita poner en entredicho la serenidad de ánimo, independencia, autonomía, transparencia e imparcialidad del procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Forero”, finalizó la procuradora.

Este episodio se enmarca en el rechazo de una tutela presentada por Álvaro Leyva ante el Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría en enero de este año.