Medida genera malestar en diversos sectores gremiales de Barranquilla, Cartagena y zonas aledañas.
El Gobierno Nacional ha dado a conocer su decisión de aplicar el cobro de valorización en las vías Barranquilla-Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad, una medida que ha despertado controversia entre varios sectores económicos del Caribe colombiano.
Según lo expuesto por el Ministerio de Transporte, esta determinación, que se encuentra respaldada por una resolución emitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene como objetivo distribuir el monto de la contribución, valorado en 721 mil millones de pesos, entre aquellos beneficiarios directos de la obra.
De acuerdo con lo establecido en la resolución, el área de influencia para el cobro de valorización se ha delimitado inicialmente en predios ubicados en Cartagena, Santa Catalina (Bolívar), así como en diversos municipios del Atlántico, tales como Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.
El Ministro de Transporte, William Camargo, indicó a un medio de comunicación nacional, que esta medida forma parte de una estrategia para alternar los peajes con los cobros por valorización, permitiendo así que las obras de infraestructura vial financiadas puedan distribuir el costo entre los beneficiarios de manera más equitativa.
«Estamos revisando», señaló el funcionario, haciendo hincapié en que la valorización posibilita que estas obras, una vez finalizadas, puedan repartir de forma más justa una parte o la totalidad del costo entre los usuarios de dichos corredores viales.
Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación y malestar entre los gremios locales. El Presidente de la Junta Directiva del Comité Intergremial del Atlántico, Jorge Segebre, en declaraciones a Emisora Atlántico, calificó la medida como equivocada y un atropello para los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Segebre argumentó que la vía está financiada por peajes y aún no está finalizada, por lo que considera injusto el cobro de este impuesto. Mientras tanto, Edgardo Sales, del sector inmobiliario, catalogó la medida como absurda, destacando que la vía está financiada por peajes y aún no está concluida. Expresó su preocupación por el destino de los recursos recaudados a través de este impuesto.
A este malestar se sumó César Uparela, otro empresario, quien rechazó la autorización del Ministerio de Transporte para el cobro de valorización nacional, argumentando que «esta medida afectaría negativamente a la región».
Finalmente, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó su inquietud por este anuncio, señalando que el Gobierno Nacional no ha proporcionado información oficial sobre la implementación de este cobro de valorización. Anunció que junto con el Gobernador de Bolívar, buscará una reunión con el Ministro de Transporte para abordar este tema.
