Demandante cuestiona disposiciones del decreto 920 del 2023, argumentando riesgo para el buen nombre de los usuarios aduaneros.
La Corte Constitucional se encuentra evaluando una demanda dirigida contra el decreto 920 del año 2023, el cual establece un nuevo régimen de sanciones y decomiso de mercancías en el ámbito aduanero, además de regular los procedimientos correspondientes.
La demanda busca declarar la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de diez artículos de esta normativa, bajo la premisa de que los procesos para resolver situaciones de decomiso aduanero podrían perjudicar la reputación de las personas sujetas a estas sanciones.
«Una sanción de este tipo podría afectar seriamente al usuario aduanero, no solo en términos económicos, sino también en su reputación, siendo bastante comprometedor, ya que podría ocurrir como una ‘medida previa'», destaca un fragmento del documento.
El demandante resalta que este tipo de sanciones no permite la interposición de recursos para impugnar la decisión sancionatoria, lo cual representa un obstáculo para validar la pertinencia de la misma o solicitar medidas correctivas.
«Esto limita la posibilidad de validar las condiciones que podrían hacer posible su práctica y tampoco se ofrece la oportunidad de un mecanismo que permita solicitar la reparación al afectado por el perjuicio, que podría haber sido causado por la imposición de dicha suspensión provisional», agrega el documento.
Asimismo, el demandante critica directamente el procedimiento, al señalar que no existen criterios claros que expliquen la acción dirigida a proteger los intereses de las normativas.
«No se establecen criterios objetivos y claros que permitan […] definir las situaciones en las cuales la autoridad administrativa consideraría que hay una afectación a los intereses del Estado y su gravedad», asegura la demanda.
Los magistrados de la Corte Constitucional consideran que este tema cumple con los requisitos para ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, por lo que han solicitado la opinión de diversas organizaciones y gremios para tener en cuenta sus puntos de vista durante el análisis de esta acción legal.
