La congresista por el Centro Democrático, Paloma Valencia, dio a conocer la determinación de radicar ante la Presidencia del Senado de la República una solicitud para que el proyecto de reforma a la salud sea tramitado como ley estatutaria y no como ley ordinaria en Comisión VII, “como equivocadamente lo hicieron en Cámara”, expresó.
Según lo explicaron los parlamentarios, a partir de la Sentencia T-760/08 y la Ley 1751 de 2015 el derecho a la salud adquirió el carácter de derecho fundamental autónomo, lo que implica que cualquier propuesta legislativa que afecte o modifique el núcleo esencial del derecho deberá ser tramitada como ley estatutaria.
En ese sentido, detallaron que cuando el Congreso de la República discutió y aprobó la Ley 100 de 1993, como ley ordinaria, el derecho a la salud no tenía la relevancia constitucional que tiene hoy. “Mal podría considerarse que las modificaciones al sistema de seguridad social en salud pueden realizarse por medio del mismo trámite de hace 30 años. Máxime cuando los preceptos normativos y jurisprudenciales que se han desarrollado en el país a lo largo de los últimos 16 años en la materia han permitido consolidar varios aspectos del derecho fundamental a la salud”, se lee en el documento.
Por lo anterior, indicaron que pretender modificar tantos aspectos esenciales al derecho fundamental por una norma de naturaleza ordinaria, “es una clara violación a la Constitución y una forma de burlar las competencias de las comisiones de nuestra corporación”, agregaron.
Detallaron en esa línea, que el contenido del proyecto de ley plantea evidentes modificaciones estructurales al funcionamiento del sistema de seguridad social en salud. “Por ejemplo, cada colombiano hoy tiene derecho a escoger su asegurador dentro del modelo mixto, derecho que se perdería con la reforma que pretende estatizar todo el sistema”, detallaron.
Precisaron también que la operación del sistema entre los Caps y las Instituciones de Salud del Estado, el potencial conflicto de competencias entre estos actores y las previsibles dificultades en la transición propuesta “ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud para millones de usuarios en condiciones de calidad, eficiencia, continuidad, oportunidad, accesibilidad, aceptabilidad y disponibilidad”, explicaron los congresistas, detallando que dichas decisiones que no solo afectan los derechos de los ciudadanos sino que ponen en entredicho la libertad de empresa, pretendiendo un monopolio a favor del Estado.
De igual forma, indicaron que el proyecto pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera del sistema por la estimación de un impacto fiscal superior a los $114 billones para 2033. Frente a los cuales no existe certeza de su fuente y concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, entre otros aspectos.
“Estos elementos que son tan solo algunos aspectos del proyecto plantean ya una extensa deliberación constitucional.
Indiscutiblemente generan una modificación de fondo al núcleo esencial del derecho a la salud. Por lo tanto, deben y tienen que ser discutidos conforme al procedimiento estatutario dispuesto en la Ley 5 de 1992, que le entrega esta competencia a la Comisión Primera”, concluyeron.
Es preciso recordar que el documento fue firmado también por los congresistas Jota Pe Hernández, Germán Blanco Álvarez, David Luna Sánchez, Jorge Enrique Benedetti Martelo, Óscar Barreto Quiroga y Carlos Fernando Motoa.
