Más de $3.4 mil millones han sido asignados para honorarios de delegación gubernamental en procesos de paz.
En un marcado compromiso con la «paz total», el presidente Gustavo Petro ha destinado recursos significativos, superando los $3.4 mil millones, para el pago de honorarios a los negociadores que participan en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) o disidencias de ‘Iván Mordisco’.
La investigación realizada por La FM de RCN revela que, desde el inicio de su mandato, Petro ha respaldado su política de paz con una sólida inversión. El Fondo de Programas Especiales para la Paz (FondoPaz) juega un papel crucial en este financiamiento. Según datos oficiales, para la vigencia 2023, se asignaron un total de $112.723 millones al FondoPaz.
De esta asignación, $42.723 millones fueron otorgados mediante Decreto de Liquidación 2590 de diciembre de 2022, y se adicionaron $70.000 millones mediante una resolución Dapre, aprobada por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2023. Esto resulta en un presupuesto total de $279.723 millones para el FondoPaz, una cifra considerablemente mayor que el presupuesto actual del Ministerio de Cultura.
En lo que respecta al pago de honorarios a los equipos negociadores, se evidencian gastos específicos. Entre el 18 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, el Gobierno destinó $3.4 mil millones a las delegaciones del ELN y EMC. De esta cifra, $2.97 mil millones corresponden a la delegación del ELN, y $431.9 millones a la delegación de EMC.
El jefe negociador del Gobierno con el ELN cuenta con un contrato mensual de $25.585.000, firmado en diciembre de 2023, con la posibilidad de aumentar hasta los $31 millones.
No obstante, el compromiso no se limita a los honorarios. En materia de seguridad, el FondoPaz ha suscrito un convenio con la UNP, destinando $2.114.610.179 para la protección de las personas involucradas en los procesos de paz. Según un memorando fechado el 30 de noviembre de 2023, se busca «aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos» para garantizar la seguridad de los participantes hasta el 31 de diciembre de 2023.
Este convenio se ejecutó por petición del entonces alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, con el objetivo de asegurar «la adecuada protección de las distintas personas que participan en los diferentes procesos de paz».
Fuente: Sistema Integrado de Información.
