Gobierno a la espera del concepto del comisionado de Paz sobre la polémica ley de sometimiento

En medio de la expectativa por las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la República, programadas para el 16 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro mantiene en vilo a diversos sectores políticos con la posible presentación de la llamada «ley de sometimiento». Esta iniciativa busca facilitar la desmovilización de grupos criminales actualmente en conversaciones con la administración.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, adelantó que la propuesta podría ver la luz a mediados de febrero, aunque esta fecha aún no se confirma. No obstante, fuentes gubernamentales revelaron que el ejecutivo aguarda el concepto del nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño, para determinar la pertinencia de la ley, evaluando el progreso de las conversaciones con grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó en una emisora nacional que «la seña nos la hará el alto comisionado para la Paz, él es quien nos puede decir qué tan prudente es entrar o no». Añadió que es un tema que se discutirá con el presidente, el alto comisionado, y los responsables en el Congreso, incluyendo a los ministros de Defensa y Justicia.

Sin embargo, en el seno del Congreso, la aprobación de esta iniciativa parece enfrentar obstáculos. El senador Ariel Ávila expresó que «se necesita una ley de sometimiento, pero no hay ambiente». Dudas sobre si las reformas sociales acapararán la agenda legislativa son palpables: «Vamos a ver si pasa lo mismo, si las reformas sociales se terminan tragando toda la agenda».

«El Gobierno está pensando en presentarla, pero no hay como pasarla. Sin esta ley no hay como recibir grupos que se quieren entregar», agregó Ávila, señalando casos específicos en Buenaventura y la sierra. Además, subrayó que una ampliación de la ley de justicia y paz tampoco encuentra respaldo en el Congreso, indicando que cualquier iniciativa relacionada con el sometimiento carece de apoyo.

Fuentes políticas sugieren que la falta de ambiente legislativo se vincula a la actual crisis de seguridad en el país, lo que plantea un escenario desafiante para la aprobación de medidas que buscan abordar la desmovilización de grupos criminales.