En una decisión que ha generado controversia y fuertes críticas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha matriculado a Salvatore Mancuso en el Ejército para que pueda entrar en su jurisdicción, según reveló el excomisionado de Paz, Camilo Gómez. Esta acción ha sido descrita por Gómez como un «insulto» tanto a la justicia ordinaria como al Ejército.
Camilo Gómez, abogado y político, expresó su descontento con la medida tomada por la JEP, afirmando que se trata de un acto que desafía y desvirtúa el sistema de justicia ordinaria. La inscripción de Mancuso como miembro «funcional y material del Ejército» ha sido considerada por Gómez como un giro inesperado que podría tener implicaciones significativas en el proceso judicial.
La JEP, encargada de abordar casos relacionados con el conflicto armado en Colombia, ha sido criticada en varias ocasiones por la forma en que ha manejado ciertos casos y por las decisiones que ha tomado en relación con los actores del conflicto. La inclusión de Mancuso en la jurisdicción bajo la categoría de miembro del Ejército ha intensificado el debate sobre el papel y la independencia de la JEP en el sistema judicial colombiano.
Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, está vinculado a numerosos crímenes durante el conflicto armado y está cumpliendo una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Su inclusión en la JEP ha generado tensiones y críticas desde diversos sectores de la sociedad colombiana.
La noticia ha avivado el debate sobre la efectividad y la transparencia de la JEP, así como sobre la necesidad de garantizar que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial y de acuerdo con los principios fundamentales de justicia y equidad. La comunidad espera una respuesta oficial por parte de las autoridades judiciales y una explicación detallada de los motivos detrás de esta controvertida matriculación en el Ejército para ingresar a la jurisdicción de la JEP.
