Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, asumirá la máxima responsabilidad en caso de que no se logre avanzar en la resolución de la crisis del agua.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) anuncia la apertura de un expediente disciplinario basado exclusivamente en la presunta falta de atención a los estudios de la Universidad de los Andes. Estos estudios, encargados por Metroagua SA ESP y Findeter con sus propios recursos, tenían como objetivo explorar diversas alternativas para abordar la crisis del agua en la ciudad de Santa Marta. Es relevante señalar que la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena no participaron en la contratación de dicha investigación.
El propósito único de este estudio era respaldar la viabilidad de llevar agua desde el río Magdalena. Por lo tanto, la afirmación de vincular este contrato con un presunto detrimento patrimonial carece de fundamento, ya que dos entidades lo contrataron mediante un acuerdo privado.
Como consecuencia de esta investigación, surgió el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) Río Magdalena, Toribio, Córdoba. Según lo propuesto en dicho estudio, se planteaba utilizar los ríos Toribio y Córdoba como fuentes hídricas durante los tres años que requeriría la conexión desde el río Magdalena.
Este proyecto se vio frustrado por tres razones esenciales:
1) El Ministerio de Vivienda cuestionó la base del suministro de agua en los ríos Toribio y Córdoba, señalando que durante 9 meses al año carecían de caudales suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudad.
2) La Procuraduría impulsó una acción popular que bloqueó la iniciativa, logrando que el Tribunal Administrativo del Magdalena prohibiera la inversión de recursos, argumentando la alta contaminación del río Magdalena.
3) El gobierno Duque, por considerarlo un proyecto faraónico e inviable por su costo, puso la última estocada al sepultar la iniciativa.
Procuradora Cabello, ¿saboteadora del futuro acuífero de los samarios por los siguientes 30 años?
La Procuraduría persiste en bloquear el proyecto de solución de agua, respaldado por estudios desde 1991 que señalan las fuentes en los ríos del norte como Guachaca y Don Diego. Esta obstinada oposición parece favorecer un negocio que propone una concesión desde el río Magdalena.
Sin embargo, la misma Procuraduría interpuso una acción popular, actualmente con una medida cautelar, prohibiendo a la Alcaldía de Santa Marta invertir en dicho proyecto. Esto plantea dudas sobre si el río Magdalena o los ríos del norte de la Sierra Nevada son opciones viables. Además, el alcalde electo, Carlos Pinedo, sugiere el río Córdoba como solución, a pesar de la descalificación del Ministerio de Vivienda debido a su escaso caudal.
La Procuraduría persiste en su negativa, rechazando todas las opciones posibles para la solución del agua: ni el Magdalena, ni el Toribio, ni el Córdoba, y ahora obstaculiza cualquier intento de buscar soluciones en los ríos del norte, Guachaca y Don Diego. En este absurdo, la Procuradora Margarita Cabello parece estar dispuesta a buscar la solución del agua ¡nada menos que en el planeta Marte!
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La asfixiante ambición de los Díaz Granados: El control despiadado del preciado negocio del agua en Santa Marta
En un desfile constante de desilusionantes temporadas secas en Santa Marta, los alcaldes, gobernantes, ministros y, para colmo, presidentes, no cesaban para el 2019 en sus extravagantes anuncios, presentándose como mesías portadores de la anhelada solución al desabastecimiento de agua en la ciudad. No obstante, estas pomposas promesas han sido la tónica durante décadas, mientras el problema hoy persiste, evidenciando una ineficacia crónica. La propuesta sencilla de implementar un acueducto, mencionada en repetidas ocasiones, queda enredada en el tejido de la inacción y la falta de compromiso, perpetuando una crisis que debería haber sido resuelta hace mucho tiempo.
En un acto de flagrante desengaño, en 2014, el entonces alcalde Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana, pintaba un panorama utópico al afirmar que Santa Marta finalmente encaminaba sus pasos hacia la disponibilidad de agua potable los 365 días del año. La supuesta fuente de esperanza sería el río Guachaca, pero esta visión idílica se desvaneció rápidamente gracias a la injerencia obstinada de Metroagua, la empresa que, en lugar de servir al bienestar de la ciudadanía, estaba más interesada en mantener su monopolio de abastecimiento y administración del servicio, siendo parte del cuestionable grupo Inassa. Este ente corporativo se interpuso sin escrúpulos en el proyecto de Caicedo, dejándolo condenado y a la deriva, y despojando a los samarios de la posibilidad de acceder a unos valiosos 400 litros por segundo.
Arropados por el respaldo dudoso de Findeter, entonces presidida por el cuestionado Luis Fernando Arboleda, quien curiosamente ascendió a ese cargo gracias al apoyo del también controversial representante a la Cámara, Eduardo Díaz Granados, y además, con un pasado manchado como gerente de Metroagua en el año 2000, en septiembre de 2014, tomaron la descarada decisión de contratar a la Universidad de los Andes. Esta contratación, bajo la pretensión de abordar la escasez de agua en Santa Marta, se convirtió en una fachada para ocultar los intereses oscuros que movían los hilos.
Tres meses después, Metroagua y Findeter, junto a los Andes, presentaron los resultados de este supuesto esfuerzo de consultoría. Pero la rueda de prensa se convirtió en un siniestro espectáculo cuando se unieron al escenario el clan Cotes, liderado por el entonces gobernador Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, y el clan Díaz Granados, con la participación del representante a la Cámara Eduardo Díaz Granados y Carlos Francisco Díaz Granados, quien en ese momento fungía como secretario de Planeación de la Gobernación y hoy ocupa el cargo de director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —CORPAMAG—. Este vergonzoso desfile de actores políticos, vinculados a intereses particulares, arroja una sombra aún más densa sobre la integridad de un proceso que, desde su génesis, parecía más una maniobra de distracción que una verdadera búsqueda de soluciones para la crisis del agua en Santa Marta.
De manera sospechosamente conveniente, los estudios, convenientemente respaldados por intereses oscuros, arrojaron la cómoda conclusión de que la propuesta de Caicedo para aprovechar el agua del río Guachaca era inviable. En un giro cínico, un nuevo «Plan Maestro» emergió, proponiendo la traumática idea de importar agua desde el río Magdalena mediante una alianza público-privada, otorgando la concesión a una empresa para que administrara el servicio. Este proyecto, que más tarde se disfrazaría bajo el nombre engañoso de Acueducto Regional, recibió la bendición del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos y la complacencia de la dirigencia regional.
La presentación oficial del proyecto fue un espectáculo de respaldos políticos, encabezado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien no escatimó en asistir con su pupilo y ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Más tarde, el propio Santos se sumó al juego, otorgando su aprobación en febrero de 2015 con la promesa ilusoria de que los samarios nunca más sufrirían la carestía de agua. Este respaldo político, en lugar de inspirar confianza, dejó entrever una agenda oculta y la connivencia de las altas esferas con un proyecto que, más que una solución genuina, parecía ser una fachada para intereses particulares que ignoraron por completo las verdaderas necesidades de la población.
En las sombras, se gestaba un negocio obscenamente lucrativo de un billón de pesos, tejido con maestría por aquellos cuyos intereses van más allá del bienestar de la población. Quien emergió como el titiritero maestro, fabricando y estructurando esta maniobra, y presentándola hipócritamente ante el Ministerio de Vivienda, ya bajo la dirección de la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, fue Inassa. Esta entidad, filial de la española Canal de Isabel II y propietaria de Metroagua, fue la misma que, en colaboración con Findeter, orquestó los estudios realizados por la Universidad de los Andes, estudios que misteriosamente respaldaron convenientemente el proyecto. Este enredo siniestro revela la colusión entre entidades que deberían estar velando por el bien común, pero que, en cambio, parecen más enfocadas en garantizar los intereses particulares de unos pocos, sumiendo a Santa Marta en una telaraña de corrupción que amenazó con desbordar sus problemas hídricos.
Rafael Martínez, el sucesor de Carlos Caicedo en la Alcaldía de Santa Marta, adoptó una postura radicalmente diferente en comparación con su predecesor. Decidió romper la asociación con Inassa y Metroagua, evidenciando una resistencia que no fue bien recibida por el clan Díaz Granados. Este enfrentamiento tiene raíces profundas en la enemistad persistente entre los Díaz Granados y Carlos Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, que despojó al clan de su poder en la ciudad en las dos últimas alcaldías.
En agosto de 2016, Martínez inició un proceso para poner fin al contrato que vinculaba a la ciudad con la empresa Metroagua desde 1989. Sin embargo, el escándalo de Inassa en Colombia, que estalló en abril de 2017, aceleró la decisión del alcalde Martínez de apartar a Metroagua y poner un freno abrupto al proyecto del Acueducto Regional Río Magdalena. Este episodio refleja la lucha de poder enquistada en la política local, donde las rivalidades personales y los intereses políticos parecen pesar más que la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas urgentes de Santa Marta.
La historia de la asociación público-privada para la concesión del acueducto no culminó con la gestión del gobierno Santos. Al contrario, este aceleró el proceso y, justo antes de abandonar la Presidencia, dejó el proyecto listo para concesionar, con un valor astronómico de $3.2 billones. Sin embargo, surgió un problema insuperable: la falta de financiamiento.
Este dilema le fue heredado al presidente Duque, quien al recibir este «chicharrón», anunció de inmediato que no disponía de los 1.5 billones que Santos había comprometido. A esta situación se sumó la intervención del procurador regional de Magdalena, Jorge Eduardo Escobar, quien impulsó una acción popular en contra de la Asociación Público-Privada (APP) del Acueducto Regional. Aseguró que las aguas del río Magdalena, destinadas a abastecer a la ciudad, estaban fuertemente contaminadas. La acción popular resultó en medidas cautelares dictadas por el Tribunal Administrativo de Magdalena, prohibiendo cualquier inversión de recursos en el proyecto, sumiendo la iniciativa en una parálisis financiera y judicial que resalta las problemáticas estructurales y la falta de previsión en la gestión de proyectos cruciales para el bienestar de la ciudadanía.
El recién designado ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y su viceministro del Agua, José Luis Acero, emprendieron una misión conjunta con el entonces alcalde Rafael Martínez para explorar alternativas ante la crisis hídrica. En tiempo récord, presentaron siete propuestas respaldadas por el Gobierno Nacional:
- Construcción de una nueva planta de tratamiento en el Curval (fase 3, con 10 meses de ejecución y una aportación de 150 l/s).
- Ampliación de la planta de tratamiento del Roble (fase 3, con 8 meses de ejecución y 150 l/s).
- Diseño y construcción de un transvase para añadir 400 l/s del Río Guachaca (en proceso de contratación de pre factibilidad).
- Intervenciones en redes para reducir pérdidas técnicas y comerciales a corto plazo (aproximadamente 70%) y mejorar la distribución con presiones adecuadas.
- Obras para mejorar el rendimiento de los pozos e invertir en la recarga de acuíferos (diseños conceptuales).
- Convocatoria para instalar una planta desalinizadora bajo el modelo israelí, con capacidad para producir 2000 l/s (avanzando en estudios de prefactibilidad).
- Reforestación de las cuencas de los ríos Guachaca, Manzanares y Piedra, mediante el fondo del agua ya creado.
Para evitar que estas propuestas se quedaran en el papel, Martínez aseguró $890.000 millones a través de vigencias futuras, disponible casi de inmediato. Sin embargo, el panorama dio un giro abrupto cuando Martínez fue suspendido de su cargo a finales de marzo. En respuesta, el presidente Duque designó el 2 de abril a su secretario de Transparencia como alcalde encargado, respaldado por los Díaz Granados, a pesar de que Fuerza Ciudadana presentó una terna para reemplazar a Martínez al día siguiente de su suspensión. Este cambio en el liderazgo amenazó con revertir los avances logrados por el ministro Malagón y revivir la polémica APP del Acueducto Regional, esta vez de la mano de los aliados políticos Díaz Granados.
La imagen captura el momento en que Rugeles hizo su entrada en la Alcaldía de Santa Marta el 3 de abril de 2019, acompañado por una comitiva que incluía a Eduardo Díaz Granados, el representante Hernando Guido del mismo grupo, Manira Guerra de Díaz Granados (que colabora con su consuegra, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, también presente en la foto), y Eduardo Campo Vergara, reconocido cercano y asesor de Sergio Díaz Granados.
La abrumadora influencia de los Díaz Granados en el entramado gubernamental quedó patente cuando, al día siguiente de la llegada de Rugeles, el presidente Duque aterrizó en la ciudad. No perdió tiempo en dirigirse a la residencia de José Ignacio Díaz Granados y su esposa Manira Guerra, consuegros de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes. Este encuentro no fue casual; ellos se encargaron de extender las invitaciones pertinentes a quienes correspondía. José Ignacio, la cabeza empresarial de la familia con considerables inversiones en banano, entre otros sectores, es además hermano de Sergio Díaz Granados, actual embajador de Colombia en el BID y estrecho confidente del Presidente Duque.
Al día siguiente, el presidente lideró el Taller Construyendo País en Aracataca, donde Rugeles, sin titubear, resucitó la propuesta del acueducto regional, ignorando descaradamente las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Administrativo de Magdalena. Esta serie de acontecimientos pone de manifiesto una preocupante convergencia de intereses y una red de influencias que parecen prevalecer sobre la prudencia jurídica y la atención a las advertencias judiciales, dibujando un escenario donde la política y los negocios personales se entrelazan peligrosamente en detrimento del bienestar de la población.
El 25 de abril del mismo año, en el Hotel Irotma, el alcalde encargado lideró, junto al viceministro del Agua, una conferencia de prensa proclamando al acueducto regional como la panacea para la ciudad. Sin embargo, antes de embarcarse en el proyecto, insistió en la necesidad de realizar nuevos estudios, lo que implicaría no menos de cuatro meses dedicados exclusivamente a trámites precontractuales, además de los procedimientos propios de la contratación de los estudios.
Precediendo a la rueda de prensa, los protagonistas sostuvieron una reunión con la Procuraduría para hacer una evaluación de lo hasta entonces realizado. Rugeles compartió un mensaje proveniente directamente de Presidencia: el gobierno está decidido a llevar adelante el acueducto regional, desestimando las alternativas previamente desarrolladas por Malagón y Martínez. Curiosamente, se eludió abordar el tema de las alternativas ya establecidas por Martínez y el propio ministro Malagón en representación del gobierno, generando una sombra de opacidad sobre las verdaderas intenciones y evaluaciones del proyecto.
Pocos días después, se ratificó esta incertidumbre, revelando que ni Rugeles ni el Gobierno Nacional tenían una estrategia clara para financiar este nuevo proyecto, tal como ya había advertido el presidente Duque nueve meses antes de la fecha antes mencionada. La única certeza es que el agua provendría del río Magdalena, el mismo que, según la Procuraduría, estaba catalogado como «contaminado».
En Santa Marta, la gestión de Rugeles generó malestar, al considerarse responsable de estancar las soluciones que estaban en marcha para abordar un problema que persiste desde hace casi 30 años. La disconformidad ha llegó al extremo de manifestarse en una valla que exhibía una imagen de Rugeles junto a la élite dirigente del departamento, sugiriendo una conexión incómoda entre la clase política y los intereses en juego.
Mientras Rugeles aterrizó en Santa Marta con la clara intención de co-gobernar junto a los Díaz Granados, el procurador Carrillo se vería obligado a examinar minuciosamente el resurgimiento del polémico acueducto regional. A pesar de la indagación preliminar que la Procuraduría abrió contra Rafael Martínez por la presunta asignación de recursos de la ciudad a una APP bajo medidas cautelares en ese año, el alcalde interino Rugeles siguió el mismo camino. Él y el viceministro del Agua, José Luis Acero, apostaron todas sus fichas al monumental proyecto del río Magdalena, bloqueado por medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Magdalena. Andrés Rugeles durante su mandato en Santa Marta, parecía empeñado en completar la tarea de los Díaz Granados con el respaldo de la Casa de Nariño, como si el presidente Duque no tuviese que elegir de forma obligatoria al próximo alcalde de la terna presentada por Fuerza Ciudadana para concluir el mandato de Rafael Martínez en 2019.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
Fuente: Este escrito se basó en información tomada de Alejandro Arias, de Sumario TV. Además se utilizó información de un completo artículo periodístico de Las 2 Orillas.
