La Corte tiene la palabra en los cambios legislativos y gubernamentales, preservando el equilibrio de poderes en medio de controversias.
En medio de la dinámica política colombiana, la Corte Constitucional se erige como un bastión clave para salvaguardar el equilibrio de poderes y garantizar la coherencia institucional en el país. Tradicionalmente denominado «santanderista», Colombia ha visto cómo sus leyes e instituciones son puestas a prueba en el ámbito judicial.
La controversia en torno a decisiones que comprometen a la Corte Constitucional ha sido una constante a lo largo de los años, con críticas, en ocasiones despectivas, hacia la interferencia de la Corte en cambios constitucionales propuestos por el poder Legislativo o Ejecutivo. En este contexto, las palabras «exequible» e «inexequible» son recurrentes, refiriéndose a sentencias que determinan la conformidad o contradicción de una ley con la Constitución.
El actual Gobierno Nacional busca modificar la estructura económica del país, pero se enfrenta a la complejidad de trámites legislativos afectados por la burocracia y los contratos. Una práctica corrupta aceptada en Colombia es el intercambio de favores entre autoridades y legisladores, lo cual, a pesar de ser una tradición, conlleva riesgos cuando las iniciativas son cuestionadas en la Corte por no cumplir con la Constitución.
Gustavo Petro, actual administrador, ha experimentado la intervención oportuna de la Corte en múltiples ocasiones. Recientemente, la Corte invalidó la prohibición de deducir regalías del impuesto a la renta, medida impulsada por la reforma tributaria del año pasado. Asimismo, la Corte tomó decisiones respecto al impuesto a productos plásticos y decretos de emergencia en La Guajira, demostrando su papel vigilante.
La Corte Constitucional ha desbaratado la póliza obligatoria en Centros de Diagnóstico Automotriz y ha tomado acciones para preservar el equilibrio de poderes y detener iniciativas mal concebidas. La reciente decisión de declarar inexequible la prohibición de deducción de regalías afectaría el recaudo de la reforma tributaria en cerca de $4 billones, generando retos fiscales pero enfatizando la necesidad de coherencia institucional.
Aunque la reforma a la salud aún no está en manos de la Corte, su posible llegada plantea un escenario donde el alto tribunal jugará un papel crucial para garantizar que las instituciones cumplan su función de manera efectiva en el país.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
