Congresistas alertan sobre la posible ilegalidad de la decisión del presidente Petro de no incrementar los salarios de altos funcionarios el próximo año, tras el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma tributaria.
Varios sectores políticos en el Congreso han expresado su respaldo a la reducción o congelamiento de salarios de altos funcionarios del Estado. Sin embargo, surgieron advertencias sobre la legalidad de la decisión de Gustavo Petro de no aumentar los sueldos debido al fallo de la Corte Constitucional.
Según líderes políticos, los salarios de estos funcionarios están protegidos por la Constitución Nacional, y el Gobierno estaría obligado a garantizar estos ingresos. El senador Juan Felipe Lemos señaló que la reducción salarial podría afectar a todas las ramas del Estado, implicando la necesidad de aplazar gastos públicos para el próximo año.
El senador Miguel Uribe considera el anuncio de Petro como una amenaza a la Corte Constitucional por la decisión sobre la deducibilidad de las regalías en la reforma tributaria. Argumenta que esta acción es una represalia y sugiere que el Centro Democrático está dispuesto a impulsar un proyecto de ley para congelar y reducir estos salarios en defensa de un gobierno austero.
El senador Jota Pe Hernández coincide en que congelar salarios podría provocar demandas que obligarían al Gobierno a pagar aumentos retroactivos. Asegura que la decisión del presidente parece una venganza contra la Corte, que recientemente anuló varios decretos. Advierte que, al no aumentar los salarios, se generarán demandas individuales exigiendo el aumento para todos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha indicado que el aumento salarial para altos funcionarios públicos el próximo año no se realizaría en su totalidad debido al hueco fiscal generado por el fallo de la Corte Constitucional.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
