En decisión de segunda instancia un juez penal de conocimiento de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural en contra de tres integrantes de la Policía Nacional que habrían participado en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, actual directora del Departamento de Prosperidad Social.
Los afectados con la medida son el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, tras rechazar de plano las pretensiones de los defensores de los uniformados y reafirmar que se cumplen todos los presupuestos legales para que sigan privados de la libertad.
Igualmente, el juez revocó la medida no privativa de la libertad que había sido impuesta a la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla y ordenó la captura inmediata de la funcionaria para que sea puesta a disposición del INPEC y se le recluya en un establecimiento carcelario.
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘clan del golfo’.
Los elementos de prueba indican que los dos abonados a interceptar, en realidad, pertenecían a las exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
De otra parte, el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, al parecer, a través de documentos falsos obtuvieron la orden de una fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá para intervenir las comunicaciones de Marelbys Meza y otras dos personas cercanas a ella, a quienes presuntamente hicieron pasar como integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá que estaría involucrado en la pérdida de un dinero en la casa de la señora Sarabia Torres.
Para la Fiscalía, los cuatro integrantes de la Policía Nacional indujeron en error a fiscales, que creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que terminaron por dar aval a las interceptaciones. En ese sentido, fueron imputados en su momento, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.
