Es mucho lo que se ha venido hablando últimamente en el ámbito económico de nuestro país, respecto a un importante tema en el que se involucra la tesis que la Constitución de 1991 elevó el gasto público llevándolo a niveles no sostenibles, hasta el punto que se han generado serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz estructural, generando un permanente déficit fiscal desde muchos años atrás.
Así mismo se ha establecido que la referida situación se ha venido agravando por recientes fallos de la Corte Constitucional que interfiere en las leyes de ajuste fiscal; se puede afirmar eso sí que en el marco de este contexto, la independencia del Banco de la República ha sido un avance que ha originado beneficio al desarrollo institucional del marco macroeconómico en general.
Todo esto ocurre en un país como el nuestro, caracterizado por el aislamiento de los asentamientos poblacionales y sus modos de comunicación, originados a lo largo de la historia, lo que ha impedido no solamente el comercio internacional, sino inclusive el mismo comercio nacional, tornando imprescindible la intermodalidad planteada en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, promulgado por los gobiernos de los últimos 20 años, desde Andrés Pastrana hasta Iván Duque, pasando por Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y hoy Gustavo Petro, periodos presidenciales en donde el déficit fiscal siempre ha sido el “plato del día”.
No hay que olvidar que en Colombia la vinculación del sector privado se hace en un marco en donde las políticas públicas continúan construyéndose bajo tres parámetros negativos: uno mediante el cual se sigue creyendo que el gasto social es la ruta para reducir la pobreza y mejorar la equidad; se sigue actuando como si la infraestructura física que integra los mercados internos y facilita el acceso a los externos no fuese una de las prioridades más altas del país y se sigue sin comprender del todo, que la prosperidad de largo plazo pasa por una alianza entre los mercados y el Gobierno Nacional para asegurar que la competencia sea la principal ruta de acceso a los recursos públicos y privados.
Es indiscutible que la dirección general de la economía deberá estar a cargo del Estado, el que debe intervenir para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, deberá ser efectiva la equidad en la distribución de oportunidades y la preservación del medio ambiente sano, sobre esto deberá existir una evidente asimetría entre los efectos constitucionales de 1991, enmarcados en un Estado Social de Derecho, con la necesidad fiscal del Estado; al respecto no se puede negar la existencia de una interrupción entre los cambios propuestos en el espíritu de la Carta Magna de 1991 y la precaria práctica de este precepto.
El argumento de muchos es que Colombia se ha acostumbrado a vivir endeudado y dependiendo de créditos externos, en la medida en que los tipos de interés han venido aumentando, los créditos se han encarecido y el déficit ha llegado a cifras históricas.
Lo cierto es que cada día que pasa será más difícil para Colombia buscar recursos en los mercados internacionales para cubrir las deudas, debido a que los países industrializados también tienen sus problemas, tales como la quiebra de entidades financieras que atraviesan tiempos de poco crecimiento.
Un déficit récord siembra inquietud en la economía colombiana.
