En un acto realizado en Montelíbano, Córdoba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha impartido una orden clara a la Policía Nacional: priorizar la captura de «los compradores de votos» en los 11 días previos a las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre. Durante su visita a esta localidad, en el marco del programa «Gobierno Escucha», el mandatario subrayó la importancia de garantizar la transparencia en estos comicios, en los cuales se elegirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.
El presidente Petro enfatizó que comprar votos es un delito tipificado en el Código Penal colombiano y que la ley prohíbe coaccionar a los electores, obligarlos a votar por determinada persona o influir en su voto a través de dinero u obsequios, ya que esto atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos.
La orden de Gustavo Petro ha generado preocupación entre diversos actores políticos en Colombia, ya que apunta directamente a combatir una práctica que ha sido motivo de controversia y preocupación en el proceso electoral del país.
En un esfuerzo por estimular la denuncia de actividades ilícitas relacionadas con la compra de votos, las autoridades han anunciado recompensas monetarias para quienes proporcionen información relevante:
- $1,000,000 de pesos para quienes denuncien a los llamados «mochileros».
- $2,000,000 de pesos para aquellos que reporten la ubicación de lugares donde se está comprando votos.
- $3,000,000 de pesos para quienes denuncien políticos involucrados en la práctica de «trashumancia» electoral.
- $4,000,000 de pesos para aquellos que indiquen el lugar y la persona encargada de pagar por votos.
- $5,000,000 de pesos para quienes denuncien la presencia de jurados y testigos falsos en los lugares de votación.
La decisión del presidente Petro y las recompensas anunciadas reflejan el compromiso del Gobierno colombiano en asegurar elecciones justas y transparentes, promoviendo la participación ciudadana y sancionando prácticas ilegales que socavan la democracia.
