Decenas de manifestantes en Guatemala se dieron cita frente a la residencia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, exigiendo su renuncia por su supuesta intromisión en el proceso electoral.
Los manifestantes, en medio de gritos y consignas, llegaron a una de las residencias con seguridad privada de Porras.
La demanda de renuncia surge a raíz de las acusaciones de los inconformes de que Porras intentó modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto, en las cuales Bernardo Arévalo de León resultó victorioso.
Por su parte, Porras calificó como «ilegales» los bloqueos que continúan en el país desde hace una semana para exigir su dimisión y pidió al Poder Ejecutivo que tome acciones contra los manifestantes.
La protesta no se limita solo a la residencia de Porras, ya que al menos 80 carreteras en el país permanecen bloqueadas por octavo día consecutivo. Diversos sectores de la población, liderados por organizaciones indígenas y campesinas, exigen la renuncia de Porras, a quien acusan de intentar revertir los resultados electorales de este año.
Estas manifestaciones y bloqueos comenzaron después de que la Fiscalía allanara por cuarta vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y confiscara los resultados de las elecciones de agosto por presuntas irregularidades.
La fiscal Porras ha sido objeto de críticas desde julio, cuando la Fiscalía intentó cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo de León. Arévalo de León ha acusado a Porras de estar llevando a cabo un «golpe de Estado en curso» para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.
En su mensaje, Porras no hizo referencia a la petición ciudadana de renuncia y advirtió que no descarta emprender acciones legales contra los manifestantes y organizaciones que lideran la presión en su contra.
Cabe mencionar que tanto Porras como la cúpula del Ministerio Público han sido sancionados en los últimos dos años con la retirada de sus visas por parte de Estados Unidos, bajo acusaciones de «socavar» la justicia en Guatemala.
