El sur del departamento de Bolívar se encuentra en alerta debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana y ha entregado 38 recomendaciones a las autoridades competentes para proteger a la población.
Las comunidades de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal del Sur, tanto en los cascos urbanos como en las veredas y corregimientos, viven en constante tensión debido al aumento de los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales.
La presencia de estas organizaciones ha generado un clima de inseguridad y riesgo para la vida e integridad de la población civil, que se encuentra atrapada en medio de las confrontaciones armadas.
Las disputas por el control territorial, el manejo de economías ilícitas y las rentas criminales derivadas de la extorsión son algunos de los motivos que han llevado a estos enfrentamientos. Aunque en algunas áreas se han dado acuerdos entre el ELN y las disidencias de las FARC, aún persisten conflictos en varios corregimientos y veredas.
La extorsión se ha convertido en una práctica recurrente que afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades locales. Aquellos que se niegan a pagar se enfrentan a amenazas y desplazamientos forzados. Las AGC han logrado establecer su presencia en la zona mediante la intimidación a la población civil.
La situación se ha agravado recientemente debido a la decisión de ciertos frentes de las disidencias de las FARC de retomar el control territorial en la región, coincidiendo con la expansión de las AGC y su ingreso a áreas históricamente dominadas por el ELN.
Las AGC han externalizado sus acciones y brindan apoyo táctico y financiero a otros grupos criminales, como Los España, Los Carburadores y Los Gomelos, quienes se encargan de la distribución y comercialización de estupefacientes, así como de realizar labores de vigilancia y cobro de extorsiones.
Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha instalado a las autoridades nacionales y locales para tomar acciones inmediatas desde una perspectiva de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Es fundamental garantizar la seguridad de la población y encontrar soluciones duraderas que permitan restablecer la paz y la tranquilidad en la región del sur de Bolívar.
