La Justicia ecuatoriana ha ordenado la prisión preventiva para seis personas, entre ellas un ciudadano colombiano, tras la explosión de dos carros bomba en la ciudad de Quito, informó hoy la Fiscalía General del Estado.
La audiencia de calificación de flagrancia se llevó a cabo el jueves, donde se determinó que los seis detenidos estarán bajo custodia por el delito de terrorismo, según lo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.
Estos incidentes ocurrieron en el sector de La Mariscal, en Quito, con aproximadamente dos horas de diferencia entre cada explosión. Afortunadamente, ninguno de los estallidos causó víctimas.
Las autoridades informaron que cinco de los detenidos son ecuatorianos, mientras que uno es de nacionalidad colombiana. Además, se detuvo a otras cuatro personas por su presunta relación con la segunda explosión de un carro bomba.
Según la Fiscalía, una de las hipótesis que se maneja es que estos actos podrían estar relacionados con bandas criminales que intentan exhibir su poder tras las intervenciones realizadas por las fuerzas estatales en las cárceles para desmantelar a estos grupos que controlan internamente las prisiones. También se considera la posibilidad de que puedan ser actos de protesta por traslados de presos entre diferentes cárceles.
Los carros bomba estallaron cerca de edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el organismo estatal encargado del control y administración de las cárceles de Ecuador. Afortunadamente, no se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes.
Algunos de los detenidos tienen antecedentes por diversos delitos, como robo, tenencia ilegal de armas, asesinato y asociación ilícita. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, tres de los detenidos habían sido arrestados anteriormente, pero fueron liberados. Recientemente, volvieron a ser capturados por su presunta participación en un robo de camiones en Quito.
Estas explosiones se produjeron después de una intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, al sur de Quito, donde se encontraron armas blancas, chalecos antibalas y otros objetos prohibidos. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para desarmar a las bandas criminales que operan en las cárceles y detener la ola de violencia que ha dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.
Las investigaciones sobre estos incidentes continúan en curso para determinar la responsabilidad y los motivos detrás de estos actos de violencia.
