La mansión de más de US$8 millones donde vivía Alejandro Andrade es una de las tantas muestra que a través del lavado de dinero se dan en el vecino país, acompañado de colecciones de caballos de competencia, relojes de marca, autos de lujo entre otros.
Se recuerda cómo en el año 2018, Alejandro Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han surgido en la Venezuela chavista.
¿Quién es Alejandro Andrade?
Es un teniente retirado que se desempeñó además de escolta, como secretario privado del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010, lapso de tiempo donde logró enriquecerse dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de dólares que él manejaba gracias al sistema de control de cambios instaurado en ese país.
Se resalta que en la Florida, nunca antes se había recuperado en un juicio tanto dinero procedente de la corrupción en un país extranjero, en este caso, Venezuela, «Es el caso más grande en la historia de Florida bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», según sostiene el abogado Michael Díaz, director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.
Pero este no es el único proceso de corrupción en Venezuela que se investiga en Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 había 38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.
El pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana.
Orsoni se comprometió a devolver US$4,5 millones, incluyendo la entrega de dos propiedades en un condominio de lujo en el cotizado barrio de Brickell, en Miami.
Entre los montos recuperados en los juicios de Andrade y Orsoni hay una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades importantes para una Venezuela que está inmersa en una profunda crisis económica.
De cualquier modo, no será fácil que esos fondos regresen a su país de origen.
Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
El destino desconocido de US$300.000 millones
Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que, con algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de millones de dólares.
De esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien fue miembro del gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 años (primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro), se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas públicas.
Considerado como el «cerebro» económico del chavismo como ministro de Planificación, Giordani salió del cargo en 2014, cuando se distanció de Maduro.
Transparencia Venezuela ha ubicado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: US$52.000 millones.
Pero ¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos? No hay una respuesta exacta hasta ahora.
«El Departamento de Justicia sabe cuánto ha decomisado en cada caso. El gobierno tiene esas cifras, pero no están disponibles para el público de una forma sistemática y organizada, por lo que para saber esta información hay que ir juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales», dice Nate Sibley, investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson.
El Departamento de Justicia de EE.UU. declinó participar en este reportaje, mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a las consultas de BBC Mundo sobre este tema.
Cifras manejadas por la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoran en unos US$1.500 millones el monto de los bienes decomisados hasta ahora en el contexto de estos juicios por corrupción en Estados Unidos.
Aunque no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a BBC Mundo que hay unos US$500 millones.
El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.
Para poner estas cifras en contexto, cabe destacar que el monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (unos US$6.269 millones), mientras que el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los últimos cuatro años a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$580 millones.
Aunque el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperación de bienes robados por la corrupción en Venezuela, no es el proceso más grande que se conozca.
En Andorra están siendo juzgados varios exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.
La gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que muchas de las personas que han sido investigadas en ese país han colaborado activamente con la justicia, optando por declararse culpables y por facilitar las investigaciones.
En la práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación de bienes y, también, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.
El abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las que representó en el caso Andrade (un familiar y un exsocio del extesorero chavista) nunca fueron imputadas ni sufrieron alguna sanción como la revocatoria de la visa estadounidense. Eso sí, colaboraron con las investigaciones y entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.
En el caso de Orsoni, otro cliente de Díaz, pese a su admisión de culpa le sentenciaron a cumplir solamente tres años en libertad condicional.
Esta pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscalía, que señaló en un documento que el acusado había provisto una «asistencia sustancial que favoreció la investigación del gobierno y el enjuiciamiento de otras personas que han cometido delitos contra Estados Unidos».
El artículo 35 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo establece que:
“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios , a sabiendas de que proviene directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.
La mayoría de los métodos utilizados por los lavadores de dinero en Venezuela son los siguientes:
- Estructurar o hacer trabajo de pitufos o Trabajo de Hormiga: Múltiples transacciones con capital ilegal.
- Complicidad de un funcionario u organización: Aceptación de grandes cantidades de dinero sin solicitar la información necesaria sobre la procedencia de los fondos.
- Mezclar: Combinar productos ilícitos con productos legítimos de una empresa.
- Compañías de fachada: Empresas que hacen ver que están en negocios legítimos para poder lavar dinero.
- Contrabando de efectivo: Transporte o traslado físico de efectivo obtenido de una actividad criminal.
- Ventas fraudulentas de bienes inmuebles: Obtención de Bienes por debajo del valor real para revenderlo por el valor real.
- Establecimiento de compañías de portafolio o nominales: Empresas que no tienen ningún registro legal. No existen.
- Complicidad de la banca extranjera: Se proporciona una información de los fondos que no puede ser confirmada, contribuyendo de esta manera con los legitimadores de capitales.
- Falsas facturas de importación / exportación o doble facturación: Se sobre declara el valor de artículo o bien a exportar o importar.
- Garantías de préstamos: El legitimador utiliza fondos provenientes de actividades criminales para solicitar créditos que sean legales y con ellos obtener bienes.
- Prestanombre: Utilizan nombres de terceras personas para apertura y movimientos de cuentas.
- Transferencias electrónicas: Movimiento de Fondos entre cuentas, ya sean a nivel de bancos o de empresas.
- Cambiar la forma de productos ilícitos por medio de compras de bienes o instrumentos monetarios: Cambiar productos ilícitos de una forma a otra.
- Venta de valores a través de falsos intermediarios: El legitimador se vende a sí mismo valores a través de un falso intermediario.
- Compra de premios: Se usa en juegos de loterías o casinos. El legitimador le ofrece una cantidad de dinero en efectivo mayor del premio al ganador: El legitimador se queda con el cheque emitido por la empresa.
- Y últimamente son utilizados los Couriers para traer mercancía a Venezuela donde se les deposita a estas compañías en el extranjero, éstas efectúan las compras luego envían los productos sin cumplir con las políticas antilavado de conocer al cliente y origen de los fondos.
La responsabilidad del Estado es prevenir a la población para evitar que los ciudadanos sean víctimas de sujetos que su vida gira en torno al pillaje, al delito, al crimen como oficio. No hacerlo convierte al país en un territorio gris, vulnerable al lavado de dinero y a merced de la delincuencia organizada transnacional.
Para finalizar se recuerda que la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz, que también fue la enfermera personal del expresidente venezolano, y su esposo, Adrián Velásquez, fueron detenidos en España y extraditados bajo acusaciones de soborno y lavado de dinero.
Díaz Guillén, fue sentenciada a 15 años de prisión en Estados Unidos. La condena también alcanza a su esposo, el capitán Adrián Velásquez, quien fue jefe de la seguridad presidencial. Ambos están acusados de lavado de dinero, sobornos y corrupción.
Fue así como se cerró un largo proceso judicial iniciado en 2018. Sin embargo, esta pareja fue localizada y detenida en Madrid después de una solicitud cursada por el propio Gobierno de Venezuela. El actual mandatario, Nicolás Maduro, destituyó a Díaz y Velásquez en 2013 en cuanto asumió plenos poderes en el Palacio de Miraflores. La pareja se fue de Venezuela en 2015 alegando persecución política por parte del nuevo aparato oficialista que afianzó su poder tras la muerte de Chávez. La demanda de extradición del Gobierno venezolano no prosperó en un primer momento por la negativa de al Audiencia Nacional a autorizar la entrega de un acusado a un país que “no respeta los derechos humanos”. No obstante, España decidió atender una solicitud posterior hecha por la justicia de Estados Unidos.
