Con investigación de Agencia de Periodismo Investigativo
El hijo del presidente Petro y una fundación sin ánimo de lucro que opera en Barranquilla y que ha logrado 11 contratos en los últimos años por más de $6.542 millones, dinero de los convenios para atender a niños con discapacidades visuales, auditivas, a jóvenes con emprendimientos y a personas de la tercera edad, terminaron en bolsillos de terceros, entre los que se encuentra el hijo del presidente Gustavo Petro.
Así lo expuso en la audiencia de medida de aseguramiento que se llevó a cabo ante el Juez 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, donde el fiscal Mario Burgos sorprendió con la narración de hechos de corrupción desplegados por la pareja de esposos Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez, ambos imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el caso de él, y lavado de activos y violación de datos personales por parte de ella.
Según la Fiscalía, las maniobras delictivas de los esposos fueron más allá de la recepción de dineros para el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro, padre y suegro de Nicolás y Daysuris, respectivamente, por parte del pospenado por narcotráfico, Samuel Santander Lopesierra alias ‘el hombre Marlboro’, Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, un propietario de una EPS, así como megacontratistas de Cúcuta, Meta y Cundinamarca, entre otros.
Su derrota en octubre de 2019, cuando aspiró a la Gobernación del Atlántico por la coalición Colombia Humana y en el que obtuvo 192.972 votos, según el acta de escrutinio del Consejo Nacional Electoral, CNE, le aseguró una curul en la Asamblea Departamental del Atlántico.
Petro Burgos se posesionó el primero de enero de 2020 en la Asamblea Departamental del Atlántico para hacerle control político a la gobernadora electa, Elsa Margarita Noriega de la Espriella, quien lo había derrotado con 693.723 votos.
A partir de allí, la salud financiera del joven político empezó a mejorar. Con la colaboración de su esposa Daysuris Vásquez y de otras dos personas, Pedro Name y Gabriel de la Ossa. Los cuatro diseñaron un entramado de corrupción para lograr contratos con la Gobernación a la que debía hacerle control político, así como ubicar nombramientos y contratistas de sus aliados políticos.
En un reporte investigativo, el medio digital Agencia de Periodismo Investigativo precisó que identificó 11 contratos suscritos con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla por $6.542.279.823 por esta Fundación.
«El primer contrato que suscribió esta supuesta organización sin ánimo de lucro fue el 16 de febrero de 2017 con la Alcaldía de Barranquilla por un término de nueve meses y un valor de $379.3 millones. El objeto fue aunar esfuerzos y recursos en el mejoramiento, fortalecimiento e inclusión en los servicios del sistema educativo de las poblaciones con necesidades educativas especiales en el distrito de Barranquilla», precisa ese medio.
Según la Agencia de Periodismo, el contrato fue suscrito por Ana María Aljure Reales en su calidad de secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla y uno de los nombres que más se mencionó en la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos y Vásquez Castro, Gustavo Adolfo de La Ossa Vélez, en calidad de representante legal de la Fundación.
En el documento se estipuló que el proyecto presentado por la ONG ascendía a $417,1 millones, de los cuales la Alcaldía aportaría $417.1 millones, mientras que la Fundación $37.7 millones.
El propósito del mismo era la realización de actividades encaminadas a permitir accesibilidad en el sistema de educación oficial a la población de sordos o limitados auditivos que vivieran en la ciudad, pero ante todo facilitar en cada fase o nivel educativo la comprensión, el desarrollo y la integración de esta población. Supuestamente, estos dineros debían invertirse en la contratación de 14 intérpretes de lenguas de señas, cuatro modelos lingüísticos y un psicólogo.
Como forma de pago, se estipuló un primer pago de $75.8 millones y nueve pagos mensuales por $33.7 millones. Así despuntaría la supuesta organización sin ánimo de lucro en el Atlántico.
El 26 de mayo de ese mismo año, la Fundación Conciencia Social resultó favorecida con un segundo contrato con la misma entidad, esta vez por $150 millones por un término de cuatro meses, y su objeto fue nuevamente aunar esfuerzos y recursos, pero esta vez para el desarrollo de la propuesta «jóvenes barranquilleros exitosos», reza el eslogan.
Firmado por las mismas personas, surgió el convenio 023017001697, en esta ocasión el proyecto era por $166 millones, por lo cual la Alcaldía entregaba $150 millones y la ONG $16 millones. La forma de pago acordada fue de $50 millones en un primer desembolso, dos más por $40 millones por cada uno y uno final por $20 millones.
El propósito del mismo fue de difícil medición, «motivar a los jóvenes de secundaria de las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla a identificar y desarrollar sus recursos y capacidades individuales y sociales a fin de definir su proyecto de vida de manera acertada».
«Ese mismo año, el 8 de junio la ONG recibió un jugoso contrato, esta vez con la Gobernación del Atlántico por $1.300 millones por un término de seis meses. El objeto de dicho contrato requería de una rigurosa capacidad, ejecución y responsabilidad, pues era la atención prehospitalaria de los casos de muerte súbita a través de la implementación de zonas cardioprotegidas en las instalaciones públicas y privadas donde exista alta afluencia de personas, según lo establecido en ordenanza 000323 de 2016», se lee en el reporte.
La propuesta que presentó la Fundación es del 17 de mayo de 2017 y fue remitida a Armando de La Hoz, Secretario de Salud Departamental de la época. En esta, luego de presentar su misión, visión y demás, advirtieron que en Colombia cada hora mueren siete personas y anualmente 57.000 por no recibir atención oportuna en emergencias por paro cardiaco.
Por ello, presentó como objetivo específico definir los sitios de alta afluencia pública para establecer la ubicación y señalización de 24 unidades con desfibriladores, elaborar el montaje y adecuaciones, elaborar cronograma de comunicación para la promoción y difusión de la información del proyecto y capacitar a 59 personas y a 150.000 ciudadanos.
«En el año siguiente, la Fundación firmó otros dos contratos, uno el 31 de enero con la Alcaldía del Atlántico por $622.5 millones por un término de diez meses con la Alcaldía de Barranquilla y otro también en enero pero 31 con la misma entidad por $160 millones por cuatro meses», agrega la Agencia investigativa.
El primero fue el 012918099886, nuevamente suscrito por la secretaria general Ana María Aljure Reales y en esa oportunidad no fueron desfibriladores ni jóvenes emprendedores, sino menores con discapacidades auditivas, visuales y con sordoceguera.
Se pactó entonces un primer pago del 20% con la entrega del acta de inicio, plan de trabajo incluyendo las instituciones a atender así como horarios y personal involucrado. Además verificación del sistema integrado de matrículas; con ello se obtuvo un desembolso de $120 millones; el resto se pagó en nueve mensualidades.
El segundo fue el 012018000905 por $160 millones se firmó con la Alcaldía de Barranquilla, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría de Educación. El objeto, acompañamiento a los estudiantes de las instituciones educativas para la orientación vocacional. Al año siguiente se suscribió otro con esa misma entidad por $619 millones por nueve meses y $619 millones.
Con la posesión de Nicolás Petro Burgos como diputado de la Asamblea del Atlántico, se suscribieron tres contratos entre la Fundación y la Gobernación del Atlántico. El primero fue el 25 de agosto de 2021 por $400 millones y un periodo de ejecución de cuatro meses. También para aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos.
Para ese contrato, según revela el medio, la Fundación presentó las últimas declaración de renta de los años 2018, 2019 y 2020 en las cuales se indicó un patrimonio líquido de $224 millones e ingresos brutos por $884 millones en 2017. Ingresos brutos de $668 millones y patrimonio líquido de $143 millones en 2018. El año siguiente ingresos brutos por $658 millones y patrimonio líquido también significativo.
En uno de los apartes éste le informa que, Lizeth Vásquez, la madre de Day ingresaría a devengar $2 millones pero que luego estos honorarios pasarían a ser $6 millones, también, según los chats y grabaciones reveladas hablan de la repartición de la plata.
Evidenciaron que la asignación para la ejecución del presupuesto era apenas del 35% y que de allí deberían quedar $120 millones para Daysuris y Nicolás; $40 millones para Pedro Name y $40 millones para Gustavo de La Ossa el director de la Fundación y exconcejal de Barranquilla.
Pues el funcionario en mención es Raul José Lacouture Daza el secretario general de la Gobernación del Atlántico y quien justamente suscribió en representación de la entidad el convenio de asociación 202103386. La elaboración del contrato estuvo a cargo de un abogado de la Secretaría General Elba Bolívar y lo reviso Fernando Bohorquez y Ricardo Luna.
El siguiente contrato fue proyectado por Daysuris Vásquez y Gustavo de La Ossa. Así quedó evidenciado en un audio de finales de 2021 donde ella le notifica a Nicolás que va a iniciar con el proyecto del siguiente año.
Y así ocurrió. A comienzos de 2022 se suscribió entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación el convenio de asociación 202202395 por $572 millones con el propósito de aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros para la atención a los adultos mayores mediante acciones de orientación psicosocial.
En el papel quedó establecido que el aporte del departamento sería de $400 millones y la Fundación aportaría $172 millones, un hecho que jamás sucedió. El anticipo que se acordó fue del 40%, es decir $260 millones y un primer desembolso del 50%. Una vez más firmaron Raul Lacouture y Gustavo de la Ossa.
La Fundación Conciencia Social fue creada en 1996, está ubicada en Barranquilla, su objeto social es promover el desarrollo social e integral de la población en general y propender por una mejor calidad de vida de los ciudadanos a través de su acción directa o de la gestión ante entidades estatales.
Sin embargo, en las últimas horas con audios y chats quedó en entre dicho que no es una organización sin ánimo de lucro, si no todo lo contrario, el propósito es aprovechar los vericuetos contractuales entre entidades públicas y fundaciones para suscribir convenios, ejecutarlos con el mínimo presupuesto y desviar a otros bolsillos, en este caso Nicolás Petro, Day Vásquez, Gustavo de la Ossa y Pedro Name, los recursos estatales.
En uno de los chats revelados por la Fiscalía, el 5 de agosto, Daysuris Vásquez remitió una hoja de vida de la psicóloga Andrea Fernanda Enríquez Villalba, para que la incluyera en el contrato y así iniciar el desembolso de los recursos. Vásquez en el fondo era quien hacia y deshacía en la Fundación.
