Un nuevo entramado de corrupción estalló en los últimos días, la Fiscalía General de la Nación fue la encargada de destapar la olla podrida la cual denominó «Bunkering Imperio«, según la investigación realizada 17 empleados están involucrados en el robo y contrabando de petróleo en Ecopetrol.
El crudo se obtenía de forma ilegal a través de válvulas instaladas en el oleoducto Caño Limón-Coveñas en la región de Tibú (Norte de Santander), de esto se encargaba el ELN para posteriormente ser transportado en vehículos cisterna con guías y manifiestos de carga falsos. Sumado a lo anterior, también se comercializaba petróleo de baja calidad desde Venezuela y Panamá con la colaboración de varias empresas que ayudaban a la legalización de la mercancía.
Recientemente el órgano investigador dio a conocer los nombres de las personas implicadas en esta «olla podrida», uno de estos es Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la sociedad Niman Commerce, quien aparece como el principal comprador de los hidrocarburos ilícitos y proveedor de otras empresas vinculadas en este hecho de corrupción.
El asesoramiento de la organización delictiva para hacer pasar la mercancía por legal era recibido por parte de el ingeniero comercial de la sociedad Gunvor Colombia SAS Roger Gale, Javier Márquez se encargaba de recibir los hidrocarburos de contrabando provenientes de Venezuela y Panamá.
Las coordinaciones para importar el petróleo de Venezuela eran realizadas por Hiklirs Abraham Rincones, por su parte Óscar Pastrana se dedicaba a la comercialización de los mismos. El almacenamiento del petróleo dentro de Zona Franca Barranquilla era tarea de Paola Martínez, siendo esta una pieza fundamental dentro de la organización.
El enlace para la compra de crudos ilícitos desde Venezuela hacia Colombia a través de sus contactos en Panamá era Sergio Fortich, Jaime Fernández consignaba información falsa para hacer pasar el petróleo como legal , Jairo Hernan Devia Utilizaba varias sociedades para adquirir hidrocarburos de dudosa procedencia, José Márquez permitía la utilización de LA OPERADORA SAS para dicha actividad ilegal y; Margarita Delgado era la representante legal de la sociedad CRUDESAN SA, la cual ha utilizado su autorización como agente de la cadena de distribución de Quemadores Industriales.
El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter pidió investigar si habría implicados dentro de la compañía «Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran «gente de bien» de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol» indicó.
Posteriormente dijo: «El robo de petróleo a Ecopetrol solo en el caso investigado por Dijin, Uiaf, fiscalia e inteligencia de la Armada puede alcanzar la cifra de 360.000 millones de pesos«.
El robo de petroleo a Ecopetrol solo en el caso investigado por Dijin, Uiaf, fiscalia e inteligencia de la Armada puede alcanzar la cifra de 360.000 millones de pesos. https://t.co/T1SDWXuKOx
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2023
Es importante destacar que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en abril del 2021, sin embargo, tuvo que ratificar que la competencia del expediente la tenía un juez de Bogotá. Uno de los investigados dijo que dicha competencia se debía tener en Tolima, Huila o Putumayo ya que por esos departamentos se movía el crudo ilegal.
Luego se abrió un expediente en la ciudad de Barranquilla donde varias personas fuero capturadas por el robo de los galones de crudo, según las autoridades este entramado de corrupción podría ascender a $500.000 millones cada mes durante años.