Un millón 300 mil servidores públicos es el total de beneficiados con la suscripción de la negociación colectiva entre el Gobierno Nacional y 35 organizaciones sindicales. Entre lo acordado se estableció el fortalecimiento de los derechos colectivos, bienestar laboral, mejor calidad de vida para los empleados públicos del país, beneficios para la carrera administrativa, incorporación de enfoque de género y respeto a la libertad sindical y política laboral.
En la jornada, en representación del Gobierno Nacional participó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien precisó: “estamos muy satisfechos con la suscripción de este acuerdo para cerca de 1.3 millones de trabajadores de las entidades del Estado y que ha costado 2.6 billones de pesos, que significan ingresos para las familias de los y las trabajadoras del Estado”, destacó el alto funcionario.
Desde la firma del acuerdo, el Departamento Administrativo de la Función Pública promoverá la incorporación del enfoque de género, interseccional y diferencial en el desarrollo del plan de formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia. En esa línea, se incrementará la bonificación judicial para 2023, con el IPC causado al año 2022 más el 1.1%, y para el año 2024 causado al año 2023 el IPC más el 1.2%.
Así mismo, se modificará el Decreto 344 de 2021 para continuar fortaleciendo las garantías sindicales de los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales y se estipuló presentar un proyecto de ley en la segunda legislatura del presente año para promover la modificación de la Ley 2094 de 2021, para incluir la discriminación, persecución, violencia y cualquier otra conducta antisindical contra dirigentes sindicales y personal sindicalizado.
