El Departamento del Chocó tiene el 79% de confinamientos en el país, según la Defensoría

Chocó es el departamento con más confinamientos en lo corrido del 2023, ya que registró 70 eventos de los 89 que se cuentan en todo el país; es decir, representa el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.

Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca con seis eventos cada uno; Valle del Cauca, cinco, y Nariño, dos.

Así lo dio a conocer desde Quibdó, capital del Chocó, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos.

“Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna”, explicó Carlos Camargo Assis.

El confinamiento de comunidades ha sido una constante en los dos últimos años. Mientras en 2022 se presentaron 92 eventos entre el primero de enero y el 20 de junio, en el mismo periodo del 2023 se registraron 89. En lo que va corrido de este año, se han confinado 103 comunidades, el equivalente a 5825 familias.

“Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos”, subrayó el Defensor del Pueblo.

En 2023, también a nivel país, las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

Finalmente, además del desplazamiento forzado de las comunidades, el Defensor del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.