Ya habíamos esbozado en este espacio editorial, que la mayoría de habitantes de Colombia pertenecen a la clase media, la que por principio es enemiga de las alzas, porque le complican su situación económica, independientemente a lo justo que estas sean.
Por la misma razón es que a diario crecen los reclamos de las familias de escasos recursos económicos, cuando se producen los aumentos de los precios, especialmente en aquellos productos que constituyen la canasta básica familiar.
Al respecto los distribuidores de los productos alimenticios aducen que los transportadores aumentaron los costos de los fletes, éstos a su vez atribuyen su aumento al incremento de los precios de la gasolina y los tantos peajes y al final como siempre sucede, es el consumidor final el que termina pagando los “platos rotos”.
A lo anterior hay que agregar los ya tradicionales brotes especulativos, fomentados por los acaparadores, quienes se aprovechan de los incautos compradores, para así obtener grandes ganancias a costilla de los consumidores, sin que las autoridades intervengan y sancionen a los culpables de estas ilícitas prácticas.
En Barranquilla desapareció la acción de aquellas instituciones conocidas como Ligas de Consumidores que otrora existían, estas se constituyeron como una especie de defensoras de la comunidad en lo atinente a combatir los abusos de los propietarios de establecimientos de comercio dedicados a la venta de productos componentes de la canasta familiar, las que actuaban durante todo el año, estas fueron unas instituciones serias que trabajaban mancomunadamente con las autoridades, pero que lamentablemente desaparecieron.
Ya dejaron de existir aquellas Oficinas de Precios, Pesas y Medidas, cuyos funcionarios recorrían de tienda en tienda el centro de Barranquilla y sus barrios populares, constatando el cumplimiento de las normas en torno a los precios establecidos para cada producto, especialmente los de consumo popular, hoy en día podemos afirmar que cada tienda tiene sus precios exclusivos sin que se note la intervención de autoridad alguna para ponerle freno a los abusos contra los consumidores.
Las familias afectadas, que por lo regular son la de precarios ingresos, generalmente recurren a criticar o a protestar, pero termina aceptando los precios como vengan.
Algunos han conceptuado que el incremento en el precio de los productos de la canasta familiar, no es un hecho aislado, se puede decir que es además consecuencia del aceleramiento de la política que tiene que ver con la desaparición de todo tipo de subsidios a los productos alimenticios, la implementación de nunca bien recibida manera de establecer nuevos impuestos o aumentando los que ya existen, un fenómeno que poco a poco ha venido mermando la capacidad de compra de la gente de precarios ingresos económicos.
A todo lo anterior hay que agregar las consecuencias producidas por los permanentes cambios climáticos, un fenómeno que disminuye ostensiblemente la producción de alimentos básicos de la mayoría de colombianos.
Con el aumento permanente de la gasolina y los fletes, lo cual incide automáticamente en lo demás, los barranquilleros a menudo son sorprendidos con las alzas de precios de los productos alimenticios transportados de otras regiones de Colombia.
De ahí nuestro llamado a las autoridades competentes a fin de que se decidan hacer cumplir las disposiciones que rigen la materia de precios, pesas y medidas.
