El sector eléctrico respondió este lunes a la propuesta del alcalde Daniel Quintero de congelar las tarifas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 12 departamentos.
Los gremios afirman que este tipo de peticiones deben ser analizadas y tramitadas dentro del marco institucional y legal, con análisis técnicos y económicos.
En este sentido, es necesario «identificar los impactos de este tipo de medidas sobre los diferentes agentes, es decir, empresas, usuarios y gobierno nacional o regional, para que de ninguna manera afecten la calidad y continuidad del servicio de energía, y la suficiencia financiera de las empresas».
Cabe recordar que Quintero pidió congelar las tarifas en Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Norte de Santander, Providencia, Quibdó, Quindío, Risaralda, Santa Marta, Santander y Sucre.
Las asociaciones sostienen que, a través del Pacto por la Justicia Tarifaria, las empresas han aportado alrededor de $ 3 billones para mitigar las alzas en las tarifas de energía eléctrica.
«Fijar las tarifas de los servicios públicos es un ejercicio delicado, pues debe balancear el ingreso de las empresas para realizar las inversiones requeridas para prestar un servicio confiable y de calidad», expresaron los gremios del sector eléctrico.
Las agremiaciones consideran importante que «cualquier modificación tarifaria respete la intangibilidad de los contratos, sea producto de un amplio análisis y no sacrifique objetivos de largo plazo».
Adicionalmente, las compañías afiliadas recordaron que los gobiernos regionales pueden aportar recursos económicos para aliviar el pago de estas tarifas en las poblaciones más vulnerables.
