El abogado barranquillero Alfonso Camerano, en las instalaciones del Diario LA LIBERTAD dio su opinión frente al tema de la Triple A con el Distrito y la SAE.
Manifestó que el contrato suscrito con la SAE y la empresa Alumbrado Barranquilla hoy K Yena S.A.S ha sido cuestionado fuertemente por la SAE en su condición de vendedora del paquete accionario, administrada por la Fiscalía General de la Nación, dándole autoridad a esta entidad para que durante la asamblea de accionistas de la Triple A tuviera potestad.
En primer lugar, con el cambio de gobierno hoy en día se dio la potestad de que la nueva representación legal de la SAE configuraba que no podía ejecutarse la entrega de las acciones físicas debidamente englobadas al comprador, en este caso a la empresa Alumbrado Público, porque el precio que se asignó a las acciones y que derivaba de un evalúo hacia la empresa Triple A, no correspondía legalmente al eventual hecho que arrojaba en la primera lista que hizo el gobierno nacional con la SAE, frente al avalúo asignado por la empresa Deloite como una de las evaluadoras con reconocimiento a nivel internacional que consideraba que esa valoración arrojaba al valor de las acciones del 82,16%, un valor aproximado de $565 mil millones.
Es decir, que podría haber unos detrimentos que se trabajaron sobre tres cifras de 2.4 billones en avalúos general y 1.2 billones e incluso hasta $800 mil millones.
En razón de esa prevención, ya se ha refraguado en definitiva la compra y venta de esas acciones y se va quedando en la etapa pos contractual el endoso de las acciones de la SAE al comprador, en este caso a la empresa K-Yena SAS y a su vez se ve en la necesidad de anotar en el libro de acciones de la Triple A al nuevo propietario, dio lugar a que ante las alarmas del gobierno nacional a través de la SAE se impuso al negocio de la compra y venta de acciones que la entidad decidiera parar el negocio, no endosar las acciones, y en consecuencia asumir la dirección de la empresa con la convocatoria de una asamblea de accionistas que se llevó a cabo el pasado 9 de febrero del presente año, donde se eligió por mayoría de votos la nueva junta directiva de la empresa.
Ese acontecimiento trajo como consecuencia que la Procuraduría considerara de que no había claridad en la imposición tomada por la SAE de irrumpir en la asamblea de accionistas que pudiera generar un evento adverso para la empresa, razón por la cual se decidió a través de la Procuraduría delegada recomendar a los funcionarios específicos, entre ellos el representante legal y al encargado de la parte inmobiliaria, que no recomendaba que se hiciera la asamblea, pero ese llamado no fue atendido por los representantes de la SAE.
Esto dio lugar a que la Procuraduría abriera un proceso disciplinario sancionatorio en contra del director de la SAE y dos funcionarios más, entre ellos uno de la Superintendencia de Servicios Públicos, con la medida cautelar con la separación del cargo del representante legal de la SAE.
Entonces, frente a una prevención de ilegalidad que se le hubiera imprimido al negocio de la compra y venta se han presentado nuevas situaciones, entre ellas la que el alcalde Jaime Pumarejo anunció el pasado lunes en la cual asegura que se inició un proceso de acuerdos con la SAE, porque en el avalúo de dicha entidad pregona el valor de la empresa Triple A, donde se había incluido el porcentaje del acueducto de Soledad en un 16%, se habían incluido también los activos fijos y además se encontraban los cálculos realizados con una vista hacia la empresa a sabiendas que esta nueva concesión tiene vigencia hasta el 2023.
Dada la consistencia de los tres factores que se le incluyeron al valor de la empresa, no se podía estar en los 3,4 billones o 1,2 billones; sino que el avalúo de Deloite estaba más cerca de la realidad hacia lo que se estaba pensando y que convenía que la situación se arreglara de buena manera, a lo que la SAE también estaba dispuesta a articular de la mano del Distrito de Barranquilla y la empresa de Alumbrado Público que fue la que compró.
Con lo anterior, el gobierno nacional apoyado en la Superintendencia de Servicios ha creído conveniente que la solución estuviera en Preferil como propietario del paquete accionario y no una entidad de economía mista como lo es K-Yena, que tiene el capital del Distrito y el capital luz que a su vez está compuesto por dos sociedades pertenecientes al sector eléctrico de las basuras de Medellín y la de los Daes aquí en Barranquilla.
Es por ello que era preferible que ese 35% del paquete accionario que ellos tienen al interior de Alumbrado Público quedase en manos del sector privado y que en consecuencia la empresa pase el paquete accionario del 82.16% al sector privado de manera definitiva, es decir, que Alumbrado Público deje de ser una empresa de economía mixta y quede estructurada como una empresa exclusiva del sector público.
Con la reunión hecha el día de ayer se anunció el acuerdo al que se ha llegado con la SAE, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Distrito de Barranquilla en su puesto como doble socio, porque hace parte de un paquete exclusivo de un 14% de la Triple A, pero también es socio del 65% de K-Yena.
Con esto se dice que en el ajuste de cuentas el 35% que hace parte de la sociedad K-Yena sea el que pase a manos de EPM o de cualquier empresario privado.
No obstante, con este planteamiento se debe decir que en primera medida el cuestionamiento de la SAE sigue irradiante y genera ilegalidad ante cualquier operación que se haga.
En este sentido, bajo esos conceptos a razón de que tiene que soportar Barranquilla a la EPM, la cual tiene malas referencias, como el caso Hidroituango y el mal manejo del sistema de salud en la ciudad, y entregarle Triple A a esta entidad deja mal parado todos los procesos.
Por tal razón es importante que se impugne el contrato con EPM y creemos que las consecuencias que se ha dicho sobre que una empresa vale $3,4 billones, pone a pensar con qué cuento van a salir ahora y que va a permitir directamente las negociaciones en Medellín sobre los $565 mil millones que fueron los que cuestionó la SAE y que solo se pagó $280 mil millones por parte del grupo privado que tiene el 35% dentro de K-Yena, permitiera así el Distrito, quien solo es su socio, colocara todo el valor pagado del 50%.
