Por Lola Portela
Quedó bien claro que Daniel Ortega es la única ley que impera en Nicaragua. En ese país se hace lo que su dictador ordena.
Por eso es noticia, y un escándalo mundial, la condena por 26 años de cárcel para el Obispo Rolando José Álvarez. Un eclesiástico y profesor católico nicaragüense; actual obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí.
Al Obispo Rolando José Álvarez Lagos desde el 4 de agosto de 2022 se le impidió salir de su casa a oficiar misa en la Catedral de San Pedro. Y desde entonces permaneció en el Palacio Episcopal de Matagalpa sin posibilidad de salir, a pesar de que sobre él no había una orden de detención, ni una acusación particular.
Su delito fue decir la verdad, no hacerse el ciego, sordo y mudo en su país natal. Por eso, en parte de la acusación dice: “en sus homilías frecuentemente fustiga la violación a los derechos humanos, la persecución religiosa y los abusos de poder…» por parte del gobierno de Ortega.
Fustigar, es decir criticar o reprobar el régimen de Ortega es es un delito en Nicaragua. Allí no hay libertad de expresión.
Ante los hechos, las voces internacionales se empiezan a levantar. Por eso la Conferencia Episcopal de Costa Rica ya expresó su solidaridad con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, frente a la condena de 26 años por la justicia nicaragüense, que lo halló culpable de delitos considerados “traición a la patria”.
De igual forma, la Conferencia Episcopal de Panamá, dirigida por su presidente, el obispo de Chitré, Rafael Valdivieso, expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense, en particular con el obispo Álvarez.
Y el Comité Permanente del Episcopado chileno entregó una declaración en la que describen la situación que vive Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, y concluyen afirmando: “como obispos de Chile, lamentamos y rechazamos la situación que vive el obispo Álvarez y la Iglesia en Nicaragua, que atenta contra los derechos humanos, la dignidad esencial de la persona y la libertad religiosa”.
La solidaridad por lo que está pasando el Obispo Rolando José Álvarez crece con las horas. Y es que, además de esa condena por casi tres décadas, Ortega decretó también la pérdida de sus derechos ciudadanos como nicaragüense y en forma perpetua.
Al respecto los obispos de Chile en su misiva de solidaridad además expresan: “…al negarse a ir al destierro, se le ha realizado un juicio rápido y se le ha aplicado la pena de quitarle sus derechos ciudadanos. Este procedimiento a todas luces injusto, arbitrario y desproporcionado contra el obispo Álvarez, se suma a otras múltiples medidas aplicadas en los últimos meses contra fieles y organismos católicos: expulsión del Nuncio apostólico, expulsión de las religiosas Misioneras de la Caridad, destierro y encarcelamiento de sacerdotes, cierre de medios de comunicación. Todo esto en medio de diversas restricciones a las libertades civiles y políticas y el acallamiento de las voces disidentes del régimen, que se ha expresado, en el destierro de más de 200 nicaragüenses de su país”.
Una dictadura es ese régimen político en el cual personas como Daniel Ortega gobiernan y con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. La historia nos muestra que surgen tanto en la derecha, como en la izquierda.
Y está claro que para un dictador como Daniel Ortega, no hay Dios, pues no cree en Él. Tampoco hay justicia, porque allí tampoco no existen los derechos humanos, ni la democracia, mucho menos existe división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), en Nicaragua se hace como Ortega diga.
