Durante el Foro sobre las tarifas de energía eléctrica, convocado por Diario y Radio La Libertad, el ciudadano Alberto Forero Fernández, experto en temas inmobiliarios, se refirió a los valores recaudados por Air-e en el servicio de energía y que corresponde al impuesto de alumbrado público y a la tasa de seguridad ciudadana.
Forero dijo que por medio una acción de tutela puedo acceder a esta información, que los recursos recaudados con significativos y la pregunta es si dichos recursos están siendo destinados de forma correcta.
Dijo que desde que Air-e asumió el servicio de energía en Barranquilla a enero de 2022 ha recaudado ha recaudado $150 mil millones por la tasa de seguridad y en el impuesto de alumbrado público $132 mil millones.
“Si prorrateamos esa cifra y se lleva a valor presente, calculo que deberían estar recaudando $230 mil millones hasta este mes en la tasa de seguridad y convivencia ciudadana y unos $200 mil millones en el impuesto de alumbrado público a nivel departamental. Eso sin incluir lo que corresponde al sector comercial, solamente está incluido el sector residencial”, anotó el analista.
Dijo que estos significativos recursos llaman la atención pues todos los días se dan casos de atracos y hay muchos sectores con falta de alumbrado público. “Me parece que esos costos onerosos no los deberían facturar, principalmente en los conjuntos residenciales, donde el cobro es doble, uno lo paga en la cuota de administración y en la factura de energía de su unidad privada. Solo debe ser a la persona jurídica, para eso uno vive en conjunto residenciales, para disminuir costos”, expresó Forero Fernández.
Expresó que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley de la tasa de seguridad y le corresponde al Congreso legislar y reglamentar eso, ya no a los entes territoriales.
“Ahora mismo estamos luchando con los abogados para ver si demandamos la ley que creó el impuesto de alumbrado público para que no sean los municipios, los alcaldes con acuerdos municipales que lo impongan sino que sea el mismo Congreso”, mencionó, añadiendo que la ley 675 de 2001 es la que regula la propiedad horizontal a nivel Colombia y que no se puede estar cobrando doble impuesto a las personas porque los concejales y los diputados pueden estar incursos en un hecho punible o un prevaricato por acción.
También mencionó que llama mucho la atención que el impuesto de alumbrado público lo cobran de acuerdo al consumo, cuando debería ser un tasa igual para todos los usuarios, lo mismo que la tasa de seguridad, que tiene diferentes rangos dependiendo del tipo de usuario. “Debe ser una tasa unificada para todo el mundo”, sostuvo.