En nueva carta abierta dirigida al Presidente Gustavo Petro, la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, insiste al Gobierno Nacional en soluciones de fondo a las altas tarifas de energía eléctrica.
La Liga considera insuficiente e insatisfactoria la decisión anunciada por la Ministra de Minas y Energía, contenida en las Resoluciones Creg 701 017, 701 018 y 701 019, porque no resuelve el grave problema de las exorbitantes tarifas de energía que hoy llegan a las facturas de los usuarios de todo el país, y menos aún para los de los siete departamentos de la Costa Caribe.
“La fragilidad de las condiciones económicas de los usuarios, por desempleo, informalidad, precarios e inciertos ingresos, incapacidad de pago, constituye un alto riesgo de desconexión de sus servicios, situación que no se soluciona con la propuesta del gobierno nacional, pues siguen siendo impagables las tarifas que resulten de las insignificantes rebajas”, dice el gremio.
Para la Liga, la tarifa debe garantizar a los usuarios su derecho al acceso universal, mermando las escandalosas rentabilidades hoy reconocidas a los prestadores, y derogando, para los siete departamentos de la Costa Caribe, el régimen tarifario especial establecido en el artículo 318 del Plan de Desarrollo de Duque y en la Resolución Creg 010 de 2020, así como reconociendo el nivel de pérdidas de las empresas Air-e y Afinia, en el mismo porcentaje de las demás empresas del país.
“Reclamamos del gobierno nacional reconocer prioridad a la justa petición de los usuarios en sus decisiones tarifarias y tener en cuenta a sus organizaciones como actores legítimos en las Mesas de Trabajo para seguir analizando el problema en procura de identificar soluciones reales”, precisa la Liga de USPD.
Normal Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la región Caribe, durante su participación en el Foro sobre las Tarifas de Energía, convocado por Diario La Libertad, recordó las propuestas que han expuesto al Gobierno Nacional para reducir la tarifa eléctrica. Estas son:
- Derogatoria del artículo 318 de la ley 1955 de 2019 y revocatoria de las Resoluciones 007, 010 y 188 de 2020, 024, 025, 078 y 079 de 2021.
- Modificación de la Resolución 015 de 2018, para atenuar el impacto de los cargos por uso y remuneración de los activos de distribución.
- Merma de la remuneración establecida en la Resolución 016 de 2018 para la actividad de distribución
- Tal como lo autorizó, de manera transitoria, la Resolución 058 de 2020, de emergencia económica: “Los prestadores de las actividades de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica podrán cobrar un valor menor al máximo aprobado para la remuneración de sus respectivas actividades”, la Creg debe expedir la correspondiente Resolución ampliando su período de aplicación.
- Que no se tenga en cuenta en la regulación tarifaria para la Región Caribe el cobro anticipado vía factura del plan de inversiones por ejecutarse por los Operadores de Red y que el componente de pérdidas que se aumentó por el régimen tarifario especial se regrese al valor o porcentaje que venía rigiendo antes de su vigencia.
- Que en las resoluciones de carácter particular para las empresas Air-e y Afinia, por falta de cumplimiento en los planes de reducción de pérdidas se aplique el artículo 87 numeral 8 de la ley 142 de 1994, “tarifa integral”, de manera que esta refleje la calidad y grado de cobertura del servicio que hoy reciben los usuarios.
- Que se aplique, si no se considera la derogatoria del artículo 318 de la ley 1955 de 2019, el parágrafo primero, que dice: “Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la factura”.
“También pedimos que se dé a conocer el precio real que pagaron Air-e y Afinia, por los activos de Electricaribe. Y que se nos permita conocer también el inventario total de los activos enajenados y de los que aún puedan estar en cabeza de alguna entidad pública. Apelamos a esta justa petición por razones de transparencia y moralidad pública, no cumplidas en el mandato presidencial anterior”, indicó Alarcón.
