Hasta este viernes está estipulado el plazo que se ha puesto el Gobierno Nacional para anunciar un paquete de soluciones a la problemática en la Región Caribe y el país, por las altas tarifas de energía eléctrica.
Según el Ministerio de Minas, el costo por kilovatio podría llegar a los 1.000 pesos a finales de este año si no se hace algo para evitarlo y si no se cambia el indicador con el que se actualizan los contratos.
Y es que esto no es un asunto menor, mientras que el indicador de precios a los consumidores ha subido un 10.84%, el indicador de precios a los productores aumentó este año más de un 30%. La diferencia entre ambas cosas está llegando a las facturas de millones de hogares en el país, ya que la diferencia está en el IPP y no en el IPC.
“Les decíamos en ese momento. No nos interesa que difieran la contratación ya hecha, nos interesa que haya una modificación que impida este efecto inflacionario”, dijo Irene Vélez, ministra de Minas, haciendo una referencia a sus primeras reuniones con las empresas del sector.
Según Vélez, en el corto plazo, el cambio de los indicadores en los contratos que ya se firmaron depende de la ‘buena voluntad’ de esas empresas, ya que son contratos que se rigen por el derecho privado, por eso es que se está hablando de un ‘Pacto’ por la justicia tarifaria.
Cabe mencionar que Vélez se reunió el pasado sábado con la Creg y se volverá a reunir con esa entidad esta semana, esto porque desde esa entidad, se tomarán decisiones frente al tema. Por ejemplo, el Gobierno tendría que modificar algunas resoluciones de la Creg para evitar que el ‘esfuerzo’ de los generadores de energía se quede atrapado en otros agentes de la cadena (como los comercializadores).
Finalmente, a mediano plazo, la idea es abandonar el IPP y reemplazarlo por un indicador especializado para el sector eléctrico a futuro.
*Con información de Blu Radio.
