En el peor momento posible en la prestación de los servicios médico-asistenciales a los educadores y sus núcleos familiares, la urgencia y la prioridad en la acción sindical no puede ni debe ser una Reforma de Estatutos para que unos directivos desde la aprobación de un beneficioso artículo de “borrón y cuenta nueva” puedan, cambiando las actuales reglas de juego, reelegirse indefinidamente.
Pero más allá de ello, carece de presentación y de legitimidad además, que dicho proceso se adelante o sea presidido por quien pese a haber cumplido la edad de retiro forzoso desde el pasado 6 de agosto de 2022 (70 años) continúa, contrariando la ley 1821/16, fungiendo como docente y como directivo sindical con la anuencia y complicidad prevaricadora de una funcionaria a cargo de una Secretaría de Educación, quien por su rol dentro de la sociedad debería estar llamada a dar el buen ejemplo.
Sobre ello, el FISCAL del sindicato en su condición de representante de las bases ante la Junta Directiva y garante de que los procesos se ajusten a nuestro marco jurídico no puede ni debe pasar de agache y está en mora de sentar su posición sobre el tema de manera pública, frente a un cuestionado proceso convocado apresuradamente en un escenario diferente al del sindicato (CAJACOPI) con probables onerosos gastos que demuestran la ejecución de una política que marcha en contra la austeridad y que no cuida los recursos que salen de los bolsillos de todos los docentes.
Debe hacerlo además, porque aún no se produce un fallo dentro de un proceso de tutela que cuestiona la vulneración del derecho constitucional y fundamental de participación en las decisiones que los afectan de docentes afiliados, proceso jurídico en donde ni siquiera en respeto a las autoridades judiciales ADEA concurrió para otorgar respuesta a los requerimientos de un despacho judicial hasta donde tenemos entendido.
Si nada se debe, si nada hay por ocultar o esconder, un proceso como el de modificación estatutaria de un sindicato debe hacerse, en el marco de una democracia participativa y no representativa, como la que reivindica la Constitución de 1991, de cara a las bases y con la participación de la totalidad de los docentes y no de unos directivos y delegados a los que con su elección no se les expidió un cheque en blanco para hacer y deshacer en nombre de otros y sin consentimiento de sus electores.
Somos de la consideración, que ya viene siendo tiempo en que en ADEA haya esa misma TRANSPARENCIA que durante décadas tanto se le cuestionó a los comportamientos de la derecha enquistada hasta hace poco en el poder y de que LO PÚBLICO SE HAGA PÚBLICO. Que cada elector EN DIRECTO pueda evaluar el comportamiento de sus elegidos, su preparación, argumentación y responsabilidad o sus deleznables pupitrazos con los que aprueban por amiguismos lo que no deberían aprobar replicando los mismos vicios de instituciones desprestigiadas como el Congreso de la República.
No es hoy materialmente imposible con los avances tecnológicos que cada sesión de la Asamblea General de Delegados o de la Junta Directiva (órganos constituídos), y más frente a un tema tan sensible como el de una Reforma Estatutaria, pueda hacerse pública y TRANSMITIDA EN VIVO a través de redes sociales.
ACCIÓN ÉTICA fiel a sus principios y a la reivindicación de la democracia y de la ética en lo público reta a que la eventual votación de una Reforma de Estatutos en ADEA se haga analizando, debatiendo y votando artículo por artículo y no bloques en los que ni el mismo votante sabe al final que aprueba.
También exigimos que toda votación se haga nominal y no secreta de tal forma que quede consignado en actas, que sean publicadas y puedan ser consultadas, como vota cada delegado y si su voto auscultó o no previamente la voluntad de sus electores.
Los docentes de base se merecen nuestro total y absoluto respeto siempre.
