Tras realizar una observación de los pasados comicios presidenciales, el Centro Carter presentó un informe realizado por expertos electorales, en el que hacen un importante número de recomendaciones para mejorar los futuros procesos electorales.
Según lo dieron a conocer, los expertos centraron su análisis en el marco electoral, legal y administrativo de la elección, con especial énfasis en la transparencia del proceso y la relevancia de esta elección para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
El análisis de la misión se basó tanto en sus propias observaciones como en informes y reuniones con la administración electoral, organizaciones políticas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otras misiones de observación, precisó la organización no gubernamental, detallando que el equipo, además asistió a simulacros y pruebas de las herramientas tecnológicas organizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero no realizó auditorías a los sistemas.
Entre las recomendaciones están las siguientes:
- Los actores involucrados deben rediseñar la institucionalidad electoral del Consejo Nacional Electoral, priorizando las medidas para asegurar su independencia, así como los criterios técnicos y profesionales para la selección de sus miembros. Este organismo electoral debe tener autonomía presupuestaria y descentralización territorial.
- Se debe reformar el código electoral para establecer un sistema electoral que genere confianza en el proceso. La reforma debe priorizar necesidades urgentes, enfocarse en áreas política y técnicamente factibles y servir para aclarar inconsistencias y deficiencias en la ley actual.
- Se debe considerar aumentar el financiamiento público directo y/o indirecto, restringir el financiamiento privado, adoptar medidas para entregar efectivamente el anticipo estatal y fortalecer la transparencia y la supervisión del financiamiento de las campañas. La preocupación generalizada por la financiación de los partidos políticos exige una reforma en este sentido.
- Las autoridades electorales deben proveer a los actores electorales la información necesaria para comprender las tecnologías electorales y los mecanismos utilizados para proteger la integridad del sistema.
- Se deben fortalecer los procesos y capacidades del Consejo Nacional Electoral para asegurar la implementación de las normas de campaña electoral, incluyendo los aspectos relacionados con el combate al discurso de odio y la desinformación en las redes sociales.
