Por Orlando Andrade Gallardo
Es común que todos los gobiernos requieran apoyo financiero externos para apalancar los macroproyectos que necesita el país y acuden a socios por falta de recursos suficiente. En las últimas décadas apareció la figura Alianza Público Privado APP que apunta a concesionarios con gran músculo financiero y facilita capital para realizar obras de infraestructura que posteriormente recuperan con el cobro de peajes en las vías. Estas alianzas son funcionales siempre que su experiencia sea verificada por el gobierno como empresas con alta calidad ética y así evitar la fea experiencia de la constructora Odebreth. El nuevo gobierno debe revisar las concesiones por los vacíos que se observan y algunos analistas consideran más peligrosas que las excepciones tributarias por empobrecer a quienes están a su alrededor y las inmensas utilidades son enviadas a su casa matriz.
Con el nuevo modelo de contratación neoliberal para descongestionar el Estado las desigualdades sociales se acrecentaron, la pobreza aumentó y la corrupción encontró tierra fértil para actuar a su antojo. Cambiaron las reglas de juego jurídicas para proteger a los cerebros de los carteles mafiosos quienes fueron asignados para que actuaran en nombre del gobierno con amplia autonomía en las negociaciones con los otros carteles. El problema de las APP y las otras figuras comerciales para realizar obras, es la selección del socio y los funcionarios que representan al gobierno que deben ser profesionales idóneos y con excelentes principios morales. El desorden de la privatización se inició por los sectores más sensibles de la salud y educación y es la razón que el nuevo gobierno pretende rescatar al igual que consolidar la seguridad nacional y el proceso de paz. Conocer donde están focalizados los principales nichos del desgobierno en las concesiones no es difícil, con estudios del antes y después de cada sector es posible superar el problema. En las EPS el diagnóstico de la nueva ministra de Salud es de pésima administración por las grandes sumas de dinero que adeudan a clínicas privadas y hospitales públicos que alcanza más de 20 billones de pesos y es la razón de la mala atención. Las concesiones portuarias especialmente en Barranquilla empobrecieron a los trabajadores con malos salarios, prestaciones sociales que no existen, el puerto no es competitivo por la poca o nada inversión en equipos, mantenimiento y mal servicio a usuarios. En la Agencia Nacional de Vías ANI e Invías, se requiere una reingeniería total por la mala administración de las vías que cedieron el control a los privados extranjeros para que la exploten a su antojo, con peajes súper costosos. El problema de las concesiones en Colombia es la mala selección de los funcionarios encargados de defender el patrimonio y con facilidad se dejan atentar por la corrupción. La Nación siempre pierde en los estrados judiciales con las multinacionales concesionarias por no tener dolientes y el Estado debe pagar grandes sumas de dinero. Las concesiones de las empresas de servicios públicos son la tapa del desastre, algunos se llenan los bolsillos con dinero manchado de sangre y cuando consideran que son insostenibles como Electricaribe, los caciques regionales exigen al gobierno venderla para asociarse. Los tristes episodios de la APP del Río Magdalena son para escribir una novela de Corín Tellado y jamás finaliza. Que maravilla.
Las concesiones son una figura comercial neoliberal que tiene su lada bueno cuando la adquiere una institución con básicos principios morales y alejado de trampas y corrupción, pero un país señalado por esos males por culpa de su clase dirigente, no es funcional. En la mayoría de las APP son los bancos quienes notan las inconsistencias y exigen mayores garantías de los constructores que generalmente son extranjeras y estos acuden al gobierno solicitando ayuda. Los funcionarios al más alto nivel y untando de mermelada en la jugosa contratación de APP, inventan otras formas de contratación como el Registro Único de Alianza Publica Privada Ruapp, incrementar progresivamente los recursos para infraestructura. La venta de activos productivos como el caso de Isagen para financiar el programa de 4G, que según estudios de Argos y el Ministerio de Transporte costaba US138.000 millones, fue una jugada maestra de la empresa de cemento, que no ha sido investigada. Un episodio patético fue el reconocimiento de una revista británica al exdirector de la ANI por su desempeño como mejor director de APP, hoy cuestionado por la justicia por malos manejos en la 4G y prófugo de la justicia.