El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara de Pinto, procedió a resolver el incidente de desacato interpuesto por el personero de este municipio, por considerar que la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Pinto, los rectores de las instituciones educativas y la Secretaría de Educación han incumplido el fallo de tutela en donde se ordenó tutelar los derechos a la educación y dignidad humana de la comunidad estudiantil de este municipio.
Por esta razón, ordenó cinco días de arresto y multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para el alcalde de ese municipio, Luis Rivera, así como para el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y la secretaria de Educación, Lorena Martínez.
En su fallo, el juzgado consideró que no han cumplido con los derechos a la educación de la comunidad de Pinto, Magdalena.
De otra parte, el documento habla de garantizar el plan de alimentación escolar (PAE), pago de los servicios públicos, cumplir con los protocolos de bioseguridad y la instalación de elementos esenciales como baterías sanitarias y ventiladores en los colegios.
Esta decisión fue enviada a los juzgados de reparto de El Banco, Magdalena.
