Está lo suficientemente claro que no será de la noche a la mañana como el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, convierta en realidad todos los objetivos pregonados durante su campaña preelectoral por todos los rincones de nuestra patria.
Fue un largo periodo preelectoral el que vivieron 39 millones de ciudadanos colombianos aptos para votar, considerados potenciales votantes incrédulos unos, desconfiados otros y de muchos asombrados ante el gigantesco grado de polarización, falta de ética política en algunos casos, ausencia de patriotismo y de abundantes insultos con los que se batieron los candidatos aspirantes al solio de los presidentes, en gran parte del territorio nacional.
Lo que sí anima a muchos colombianos y resulta relevante en estos momentos poselectorales, es que salvo algunas excepciones vale la pena enumerar, las fuerzas políticas, económicas y sociales, partidos, movimientos, agrupaciones, dirigentes y quizá otras más, están dejando relucir su voluntad de exteriorizar su animadversión por quien piensa distinto, pero otros estudian la posibilidad de contribuir con su colaboración para impulsar el buen éxito del Gobierno Nacional, reconociendo que será una ruta compleja, con inconvenientes muy difíciles de resolver en el próximo cuatrienio con Gustavo Petro a la cabeza.
Eso sí, produce cierto optimismo el hecho de saber que más temprano que tarde puedan superarse muchas tragedias acaecidas desde tiempos inmemoriales sobre varios sectores de la población, especialmente entre los más vulnerables como las gentes de color, hoy representadas en la Vicepresidencia por Francia Márquez, una mujer ilustrada y alegre; los indígenas, las mujeres, los niños que padecen hambre y a todos aquellos a quienes la corrupción que devora las entrañas más primitivas de la dignidad humana, les niega el derecho al aire puro y al agua potable y otros tantos retos que le esperan al nuevo presidente de la República desde el 7 de agosto próximo.
Ya se escuchan con bastante insistencia las reformas de los sistemas de pensiones y salud, basadas primordialmente en producir una notable ampliación de la intervención del Estado y la limitación del sector privado; la redistribución de la propiedad y el uso de las tierras, centrada en el discurso del sector agropecuario y de la equidad; el freno a la actividad minero-energética para contribuir a la lucha contra el cambio climático; la necesidad de un mayor recaudo de ingresos tributarios, en garantía del gasto público requerido para cumplir los proyectos de campaña y la revisión de temas de paz y justicia siguen haciendo parte de la agenda para un futuro muy cercano.
Teniendo en cuenta que indiscutiblemente la raíz de la corrupción siempre ha sido el sistema político-electoral, no podrá dejarse de lado la organización de las instituciones políticas que garanticen la democracia en Colombia.
La falta de identidad en los programas y proyectos, la utilización de dineros ilícitos, la violación de los topes en las campañas y la imposibilidad de un control efectivo, las transacciones que se hacen a la sombra de coaliciones entre varios partidos políticos requieren una reforma de fondo; claro está, garantizando la democracia, siendo la oportunidad para eliminar el voto preferente y exigir a los partidos candidatos a elecciones, con programas serios que reflejen propuestas de gobierno y compromisos para sacarlas adelante.
La justicia deberá ser un tema de discusión que implica la institucionalidad para garantizarla, con la creación de una Fiscalía Anticorrupción y además la garantía de no utilizar la justicia como mecanismo para perseguir a la oposición, tal como está ocurriendo en la actualidad.
