Las denuncias formuladas en estos últimos días por un grupo de lectores de LA LIBERTAD, nos confirman la necesidad de seguir debatiendo a profundidad el delicado tema de la salud, un asunto que seguramente hace parte de la agenda a desarrollar por el presidente electo Gustavo Petro a partir del 7 de agosto próximo.
Las agudas crisis deficitarias que arrastran muchos hospitales públicos se reflejan en la desatención de miles de pacientes, lo que deja al descubierto este grave problema y las dificultades de toda índole que obstaculizan el desarrollo de procesos que permitan alcanzar mejores niveles de compromisos de las esferas gubernamentales por el bienestar en salud de los más pobres.
La comercialización de este sector a partir de las reformas impuestas por la Ley 100 de 1993 condujo a la prestación de un servicio regido especialmente por intereses económicos, lo que ha contribuido a que la corrupción se entronizara con graves efectos para toda la población.
Para nadie es un secreto encontrar hospitales sin material logístico, mientras que los pacientes y usuarios siguen padeciendo por no tener una atención digna y responsable.
Quizá sean repetitivas nuestras denuncias y al igual que en épocas anteriores poco se conozca de las investigaciones y sus resultados, pero lo esencial es que se afronte con suficiente autoridad lo que está pasando al interior del sector de la salud, en donde mucho se dice invertir, pero poca eficiencia se observa.
Resulta muy diciente que las millonarias partidas que se anuncian, muchas veces no llegan a su destino, mientras que muchos hospitales y centros de salud se encuentran al borde de la liquidación por falta de recursos, al tiempo que otros con el esquema de la corrupción se enriquecen a costa del erario, amparados en la impunidad y muy seguramente en la influencia politiquera, este será un aspecto para tener en cuenta por el próximo gobierno.
Es muy poco lo que se ha hecho para que el modelo, que se ve tan “bonito” en el papel, se traduzca en una población satisfecha con los servicios que recibe. Precisamente este es el meollo del asunto, porque mientras el Gobierno, las EPS y los usuarios no tiren para el mismo lado, los jueces –a través de sus fallos de tutela– y no los médicos, serán quienes sigan decidiendo si una vida está en riesgo o no.
Escuchar quejas del mal servicio de algunas E.P.S. no es nada nuevo, por lo que clamamos desde este espacio editorial, para que muy pronto quede atrás el equivocado criterio de la prestación de un servicio público en el que el paciente es casi un pordiosero.
Hacemos eco de las innumerables quejas de los usuarios y un llamado al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud para que ejerzan mayor control a todas estas entidades, ya que hay muchos aspectos que deben ser revisados urgentemente.
En nuestra sala de redacción es permanente la recepción de quejas de lectores molestos porque en su E.P.S. no les atienden las llamadas telefónicas solicitando una consulta médica.
Otra queja frecuente se relaciona con el suministro de los medicamentos ya que para estas entidades el Ibuprofeno y el Acetaminofén siguen siendo los medicamentos mágicos, porque son formulados para todas las enfermedades habidas y por haber.
