Con mucha frecuencia recibimos en nuestra sala de redacción la visita de asiduos lectores, para expresarnos su preocupación e inquietud por el alto número de desplazados que se han tomado las calles de Barranquilla.
Se trata de una situación que tanto para nativos como para visitantes es generadora de imágenes tristes y dolorosas protagonizadas por hombres, mujeres y niños, que con cartones escritos socializan su condición de desplazados procedentes de otras regiones de Colombia y refugiados de la hermana república de Venezuela.
Se sabe que en los actuales momentos Colombia ostenta el “incómodo honor” de ser uno de los países en el mundo donde se presenta el mayor número de desplazados.
En ese sentido todavía tenemos frescos los lamentables acontecimientos ocurridos en la Región Caribe, donde desde el año 1998 se produce el más gigantesco desplazamiento del país, fenómeno en el cual se encuentran involucrados miles de personas, que en su mayoría se trasladaron a las grandes ciudades, aspecto en el que nuestra ciudad está considerada como uno de sus refugios.
Un reciente informe entregado por organizaciones internacionales como la ONU, el número de desplazados y de ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad sigue aumentando cada día.
Tocamos este tópico una vez más, para confirmar que, en efecto, la problemática es grave en nuestra región desde mucho tiempo atrás.
Hay desplazados que requieren toda clase de ayuda para sobreponerse a su triste condición de compatriotas que fueron desarraigados y ahora se ven enfrentados a un panorama confuso e incierto.
Todos los días observamos a familias enteras deambular por las calles de Barranquilla en el papel de implorar la caridad pública.
En meses pasados la Corte Constitucional pidió a los gobernadores y alcaldes de todo el país, que respondieran varias inquietudes sobre las políticas que se han aplicado para la atención de las personas desplazadas.
Los magistrados de esta alta corporación remitieron un cuestionario a cada uno de los mandatarios regionales, para que indicaran cuál ha sido el apoyo del Gobierno Nacional para la atención de los desarraigados, y para que señalaran cuál es el presupuesto dedicado para entregarles ayuda humanitaria de emergencia.
En realidad, para las administraciones departamentales, distritales y municipales ha sido un problema forzoso que ha demandado una atención adicional.
La misma naturaleza del fenómeno lo hace difícil de resolver, porque hay desplazados por los grupos armados ilegales, los hay por las condiciones de extrema pobreza, generadas por el conflicto interno y por el abandono estatal, así como se ha acentuado un desplazamiento inter barrial, como el que se estudia en Barranquilla y en otras ciudades.
Medios de comunicación y agencias internacionales divulgaron en días pasados un estudio emitido por la Acnur – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados– entidad que considera el fenómeno del desplazamiento de centenares de miles de colombianos como la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental, el cual ya no afecta solamente a nuestro país sino también a sus vecinos, como tantas veces lo hemos señalado.
En realidad, la señalada Institución no ha hecho ningún descubrimiento, porque el desplazamiento viene sucediendo en nuestro país desde hace muchos años y no han faltado las voces de alerta y los trabajos periodísticos elocuentes como los que hemos publicado en LA LIBERTAD en diferentes épocas.
Sin embargo, es muy importante que el citado organismo internacional, competente para afrontar tan dramático problema, esté interesado en asumir una tarea, que ojalá no se reduzca a las expresiones de preocupación y solidaridad, en coordinación con el Estado colombiano.
