Una vez más, como confirmación de los hechos que a nivel nacional se han denunciado, la salud vuelve a estar en medio de la polémica por las irregularidades que en su interior se siguen detectando.
No solo el Presidente Iván Duque ha expresado su inconformismo, al tiempo que ha conminado a las autoridades competentes para que se investigue a ciertas Administradoras del Régimen Subsidiado, en donde se continúan denunciando graves injerencias politiqueras, trasteos de afiliados y hasta extorsiones, lo que de una forma ilegal desvirtúa los propósitos sociales de estas entidades, incluyendo allí los dineros públicos que se destinan para los sectores más necesitados.
El análisis investigativo realizado por la Superintendencia de Salud, deja al descubierto nuevas irregularidades en algunos municipios del Atlántico, sin que hasta el momento se conozca su resultado final y mucho menos sobre quiénes ha de recaer la responsabilidad jurídica.
La Superintendencia anunció la iniciación de una serie de acciones conducentes a establecer un estricto control en lo relativo al manejo de los subsidios de salud, con el único y exclusivo propósito de garantizar mayor transparencia y así evitar la desviación de los recursos destinados a estos.
Los procedimientos anunciados tienen su origen en las permanentes denuncias que hasta esa entidad han sido remitidas por los afectados con dicha práctica, desarrollada mediante mecanismos considerados como actos de corrupción.
Las aludidas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Procuradora General de la Nación, para que los resultados de la revisión que necesariamente debe realizar la Comisión Nacional de Control de los listados para acceder a subsidios de salud para los más necesitados, sean remitidos a dicha Superintendencia en la mayor brevedad posible, para que esta entidad proceda a desarrollar los correspondientes controles.
Sabemos que el origen de esta iniciativa que comparten la Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación, son las denuncias de encuestas del Sisbén que muchas veces se realizan con fines politiqueros, la utilización de información de las bases de datos con ese mismo ánimo y la asignación de cupos con similar finalidad.
Estimamos pertinente hacer un llamado a los alcaldes municipales del departamento del Atlántico para que se pongan al día con las deudas que varios de estos entes territoriales tienen con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, por concepto de atención a la población perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 de esta sección del país.
Es importante que los alcaldes de los municipios del Atlántico involucrados en este asunto, de manera conjunta con la Superintendencia elaboren un diagnóstico sobre la situación del financiamiento de la población de escasos recursos no afiliada.
Al respecto, el actual Superintendente de Salud se declaró un defensor convencido y profundo de la red hospitalaria y manifestó que se debe pensar y diseñar una política que los haga viables para que sigan prestando el servicio público esencial de salud.
Los alcaldes en este tema tienen una gran responsabilidad por cuanto les ordena que en un plazo máximo de un año, viabilicen y adopten un plan de organización de la red de prestadores de servicios de salud para garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas y de la red hospitalaria en general.
Es evidente la cantidad millonaria que día a día se desvía, por lo que varios hospitales se encuentran al borde de la liquidación por falta de recursos, mientras cientos de compatriotas padecen de desatención médica, al tiempo que otros bajo el esquema de la corrupción se enriquecen a costa del erario, amparados en la impunidad y muy seguramente en las influencias políticas.
