De acuerdo con estos especialistas, el soborno es una de las principales prácticas de la corrupción. Se trata de un fenómeno generalizado que aumenta el costo al hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de los bienes y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados.
Situación que preocupa especialmente cuando Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, ocupando la posición 92 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, publicado por la organización Transparencia Internacional a inicios de 2021. Desde 2012, Colombia no logra una variación significativa en esta calificación, con puntajes similares a los de Ecuador (39/100) y por debajo de Argentina (42/100), Chile (67/100) y Uruguay (71/100).
La mejor manera de enfrentarlo es mediante cuerdos y acciones específicas realizadas en conjunto por autoridades y empresas como la Certificación ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, que realiza Nyce Colombia al establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente los elementos que permitan eliminar la práctica del soborno en las organizaciones.
Sus principales acciones se enfocan en:
Área financiera. La organización certificada tendrá la oportunidad de identificar procesos que ocasionan costes sin justificación a la organización. Garantiza una adecuada defensa de los procesos, lo que se traduce en una reducción de los costos legales en caso de investigaciones por soborno o fraude.
Área operativa. La certificación ISO 37001 exige una revisión de todos los procesos y controles internos en todos los niveles de la organización. Durante este paso, se detectarán inconsistencias, tareas duplicadas, actividades generadoras de riesgo.
Área ética y legal. La certificación ISO 37001 demuestra que la organización ha tomado medidas efectivas para proteger a sus clientes, a sus socios, a sus aliados comerciales y a sus proveedores de los efectos nocivos de la corrupción. Esto elimina la posibilidad de cometer fallos éticos o legales como ofrecer productos defectuosos o con precios excesivos sin justificación alguna, o la contratación de mano de obra poco cualificada.
Este es un estándar de avanzada cuyo objetivo es consolidar una cultura organizacional ética mediante la implementación de controles adecuados en todos los niveles de la empresa para aumentar la posibilidad de detectar y reducir esta práctica ilegal.
