Por estos días ha sido muy cuestionado en diferentes medios de comunicación el polémico artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción que atenta gravemente contra la libertad de prensa calificando como delito las denuncias a funcionarios públicos, lo que llevaría a una pena de hasta 10 años de cárcel. Irónicamente un proyecto que busca eliminar la corrupción del país incorpora un artículo que significa una gran amenaza para la justicia y un gran banquete para que se sigan cometiendo actos delictivos dentro de los cargos públicos.
Este peligroso «mico» despertó tanta preocupación que el mismo Presidente Iván Duque lo calificó como «una amenaza a la libertad de prensa» invitando al Congreso de la República a considerar este peligroso artículo, aunque queda claro que si no se elimina habrá objeción presidencial.
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Los inicios de este intento de censura a la prensa comenzaron en el Senado de la República el pasado 27 de octubre cuando el ponente de dicho proyecto, el senador German Varón Cotrino, presentó a la plenaria el articulado de la ley, los modificaciones y proposiciones que fueron radicadas por el resto de congresistas. El peligroso «mico» expone «el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado pena«.
En este escándalo que estalló sin reversa, según indicó un medio nacional, algunos acusan directamente al senador del Partido Conservador Efraín Cepeda de redactar la proposición y presentarla a sus compañeros para ser firmada, sin embargo, el político se manifestó a través de su cuenta de Twitter dando a conocer que votará positivamente por la objeción hecha por el Presidente, afirmando que al momento de firmarlo no se midió que este afectaría la libertad de prensa.
Al igual que Cepeda otros congresistas se excusan con el mismo argumento como es el caso de Guillermo García Realpe y Mauricio Gómez Amin, quienes manifestaron que no midieron el impacto negativo que este implicaría para destapar la corrupción en el país. Por su parte del Partido Cambio Radical Ana María Castañeda admitió no haber leído el documento antes de fírmalo.
Otros de los congresistas que firmaron este peligroso «mico» contra la prensa fueron: Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Gabriel Velasco (Centro Democrático), Miriam Paredes (Partido Conservador), Fabian Castillo y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical). Este Ultimo fue designado como como conciliador del Senado.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue la pionera en advertir del peligroso artículo que afectaría el derecho a la prensa libre. Por su parte, Cesar Lorduy quien es ponente del proyecto en Cámara manifestó que no es el autor del artículo 68, además indicó que al conocerlo presentó una proposición sustantiva que eliminó el aumento de las penas, tanto Lorduy como Jiménez tendrán la responsabilidad de definir el futuro de este mico que se colgó en el Congreso.
Lorduy por su parte como ha manifestado abiertamente en diferentes medios de comunicación está de acuerdo con eliminar el polémico artículo, ya que no considera justo que haya penas para quienes denuncian los hechos de corrupción, por su parte Jiménez según indicó un medio nacional, tiene un texto para la conciliación que busca mantener este peligro a la prensa.
La decisión final se conocerá antes del 16 de diciembre, antes que los congresistas salgan de vacaciones. Sin lugar a dudas, esta mordaza contra la prensa despierta gran preocupación en los medios de comunicación, debido a que gracias al trabajo periodístico se destapan ollas podridas en los cargos públicos, y de no ser así ¿Qué pasaría con el periodismo libre?
De la Redacción Web
A.M.
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