Las dudas sobre el negocio que hizo posible el traspaso mayoritario de acciones de Triple A al Distrito

Abogado Alfonso Camerano

La titularización de las acciones de Triple A en cabeza de una empresa del Distrito de Barranquilla como es Alumbrado Público, APBAQ, es un gran avance ante el statu quo que tenía este paquete accionario ante la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Así lo considera el abogado y analista Alfonso Camerano, quien no obstante indica que surgen una serie de preguntas frente a esta negociación.

Camerano explica que el avance radica en el hecho que estas acciones pudieron venderse al Distrito, pues de haber sido sometidas al proceso penal, sólo con sentencias debidamente ejecutoriadas podrían ser objeto de enajenación, o en su defecto se hubiera tenido que abrir esta negociación en unas bolsas internacionales, que también fue otra de las alternativas que se presentaron ante la posibilidad de quedar consolidada la expropiación en los procesos que la propia SAE abrió ante el Consejo de Estado sobre la expropiación de dichas acciones.

Analizando la negociación desde el punto de vista financiero, Camerano sostiene que lo primero que tiene que saberse es el monto por el cual se hizo la venta y cómo se va a pagar. “Se ha dicho que han sido una excelente negociación en la medida en que las utilidades a futuro serán de donde van a salir los costos de las acciones que fueron enajenadas. En ese marco estrictamente comercial hay que determinar cuál fue la banca de inversión que avaluó las acciones de Triple A, y en qué monto fue ese avalúo para establecer cuál fue el costo definitivo del paquete accionario y si corresponde a los criterios de evaluación como efectivamente se ha venido exponiendo de que la facturación y el mercado cautivo de los barranquilleros son los que hacen posible que se genere este tipo de empresas”, anotó el abogado.

Añadió que teniendo en cuenta que la empresa de Alumbrado Público tiene el 35% en el sector privado, la empresa debe informar a la ciudad cómo ha sido el manejo de las acciones internas dentro de la compañía que ha hecho posible que el sector privado tenga esta participación y el 65% lo tenga el Distrito de Barranquilla, con el objeto de establecer si en los últimos 12 meses como mínimo, hubo un movimiento de acciones dentro de esta sociedad que le permitiera acomodarse a un sector privado de la ciudad y a través de un 35% de propiedad sobre esta empresa, adquirir todo el dominio de Triple A.

De acuerdo con Alfonso Camerano, en este sentido, los estatutos internos de la empresa deben también entrar a definir cómo va a ser la representación y la operación en Triple A, considerando que el Distrito ha indicado que no va a desembolsar ni un solo peso por este negocio, que será el sector privado de Alumbrado Público quien va a colocar el capital que requiere la operación.

“Hay que determinar si esto constituye un posicionamiento accionario de mejor tipo, es decir si va a ser capitalizado al interior de la empresa de Alumbrado Público la colocación del dinero que deja de colocar el socio mayoritario, o sea el Distrito de Barranquilla, pues hay que evitar que se nos presente la posibilidad de que el sector privado que coloca el dinero se constituya en socio mayoritario en Alumbrado Público y terminemos en una operación en la cual le resulte sumamente cómodo al sector privado posicionarse y volver a tener el control de la Triple A”, anotó el jurista.

Insiste en que tiene que haber mucha más claridad de la operación, que debería hacerla necesariamente el alcalde Jaime Pumarejo, pero como se hizo fue a través de una intervención nacional, hay que aclarar si esas negociaciones deben necesariamente ser explicadas por la Superintendencia tanto de Servicios Públicos como de Sociedades. El factor de haber intervenido organismos nacionales distintos al Distrito fue producto de un acuerdo con el presidente de la República y el Distrito, que propició y generó confianza para que el Gobierno Nacional y la SAE dieran derecho a esta negociación.

Otra gran inquietud que deja este movimiento financiero es si el Distrito de Barranquilla compró a través de una empresa de economía mixta, con más del 30% en cabeza de empresarios privados (APBAQ), éstos pueden adquirir plena presencia en la Junta Directiva como socios clase A, o habría de reconocerles sólo esa representación a la entidad territorial y al resto considerarlos “socios clase b”.

Usuarios han sido marginados

En esta venta de acciones donde el Distrito pasa de tener el 14.5% de la empresa Triple A, a ser el accionista mayoritario con el 65%, y mantiene, adicionalmente, el 30% de regalías sobre el flujo de caja libre, el abogado Camerano considera que los usuarios han sido marginados de la negociación y en ese sentido pueden generarse acciones directas de los ciudadanos con el objeto que se considere que la empresa pase directamente a la ciudad de Barranquilla bajo el concepto que la compañía la constituyen los usuarios, al ser el mercado cautivo. En ese sentido, la ley siempre ha sido clara, indicado que la representación de los ciudadanos está en cabeza del personero, en este caso del Personero Distrital, y no del alcalde.

“Si somos el mercado cautivo y constituimos la esencia del concepto de empresa de servicios públicos, bajo aplicación de normas estatutarias y legales que obligan a los derecho de preferencia, ese paquete accionario en lugar de haber sido puesto a disposición del Distrito representado por entidad territorial en cabeza del alcalde, debía ser colocado en cabeza de los usuarios que tenemos contrato de condiciones uniformes, es decir no tenemos intermediación alguna del representante de la entidad territorial ya que somos nosotros los usuarios los que constituimos y le hemos dado una historia a la empresa”, explicó.

“La entidad territorial como socia es una cosa distinta de la base social que constituimos la empresa como consumidores. Ese es mi concepto primario sobre este asunto en la medida en que todavía necesitamos más información de cómo fue este negocio y cómo se va a pagar. Y si se va a pagar con las utilidades de nuestro propio esfuerzo, por qué habría que canalizar ese propio esfuerzo de los usuarios a favor de una entidad territorial que sólo tiene el 65% y no el 100%”, puntualizó Camerano.

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