El Estado social de derecho, una ilusión peligrosa

Por ROXANA ISABEL ALVAREZ SULBARAN

La Constitución Política de 1991 estipula en su artículo 1: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, sin embargo, el objetivo principal de este ensayo es demostrar por qué este artículo no es más que una ilusión: Colombia está lejos de ser un verdadero Estado Social de Derecho, no debemos portar una venda en los ojos y  pretender desconocer nuestra  realidad,  fenómenos como  el desfalco a la salud, la educación como un derecho olvidado, el cáncer de la corrupción, la falta de garantías para la vida digna de su población y la deficiente alimentación que sufren hombres, mujeres y niños en mucha partes del territorio nacional es muestra de ello; en este sentido, es necesario abordar estas problemáticas, que como muchas otras,  le dan forma a la realidad colombiana, una realidad donde la idea utópica de un Estado Social de Derecho se materializa  únicamente en las páginas de la Carta Magna.

El Estado Social de Derecho se define como una forma de organización política cuyo objetivo es procurar por la satisfacción de las necesidades básicas en diferentes ámbitos como son el social, económico y cultural, a través de la protección del Estado. En este sentido  el estado social de derecho  garantiza   la solución de los diferentes problemas  que aquejan a diversos sectores de la población y en consecuencia salvaguardar la protección de sus derechos fundamentales, de esta forma contribuye a la creación de una sociedad justa, pluralista e igualitaria ante la ley, tal como se expone en el preámbulo de nuestra Constitución Política, sin embargo, en Colombia, el Estado así resulta casi inexistente y  para ejemplificar mi punto, expondré algunos problemas sociales y económicos  que en la actualidad  afectan a la población colombiana y propician la vulneración de los derechos consagrados en la  Constitución (Mora, R., Mora, S., et al. El Nuevo Orden Jurídico Educativo. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2018).

En primer lugar, quiero abordar el fraude a la salud.  La Constitución en su artículo 49 establece lo siguiente, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” Como podemos ver, la salud es un derecho constitucional, por ende, algunos problemas en su prestación resultan inauditos.  A través de las EPS, se evidencia como este derecho ha sido privatizado, es innegable que en el imaginario colectivo del colombiano está fuertemente arraigada la idea de que lo privado es mejor, sin embargo, la salud se ha convertido en un negocio y el problema radica en que como todo negocio las ganancias son lo más importante y no el usuario, lo que sin duda es un peligro para el bienestar de la población colombiana. Esto en consecuencia produce una ruptura entre las EPS como entidad prestadora de servicio de salud de carácter privado y la vigilancia del Estado, pues los gobiernos de turno, no desean supervisar los recursos destinados a este sector, haciendo que el robo de los mismos sea continuo.

En segundo lugar, está la educación olvidada: la Constitución en su artículo 67 declara, “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás vienes y valores de la cultura”. En este aspecto, las problemáticas son muchas y muy graves, empezando por la desidia de los gobiernos, ejemplificada en problemas de aspectos tan básicos como la infraestructura de las instituciones, que  debe resaltarse, en muchas zonas del país resulta vergonzosa, necesidades básicas de los estudiantes como el acceso a internet son cubiertas de forma precaria por el Estado, problemática que se visibilizo con la actual pandemia, donde niños y  jóvenes desde prescolar hasta la educación superior han tenido que desertar de sus instituciones por la frustración de no poder acceder a su derecho a la educación en condiciones dignas, si, a esto le sumamos los escándalos de corrupción donde fondos públicos destinados para el derecho a la educación de niños y jóvenes de zonas vulnerables de la nación terminan depositados en cuentas bancarias de paraísos fiscales, sin contar con los problemas estructurales de nuestro sistema educativo que no es capaz de adaptarse   contextos del siglo XXI, no percibe al estudiante como un ser individual con particularidades, sino por el contrario, realiza una evaluación poco apropiada y estandarizada, generando angustia en los educandos; tampoco debemos olvidar las problemáticas de la educación superior, empezando con el obstáculo que representa acceder a estas, una ilusión que solo queda y quedará en los sueños de muchos jóvenes colombianos, la universidad en Colombia resulta, en muchos casos, ridículamente costosa, sin contar con el acceso a un posgrado, otro aspecto a tener en cuenta en lo referente a la educación superior está en cómo los gobiernos se inmiscuyen en los procesos institucionales de las IES con decretos como el 1330 de 2019, una norma  de naturaleza impositiva y que viola  el derecho a la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución, todo esto sin duda,  crea un  panorama  inaudito y decepcionante.

El tercer punto, que deseo abordar es la corrupción como un cáncer. El fenómeno de la corrupción tristemente esta normalizado en Colombia y es la raíz de múltiples males que afectan a la sociedad colombiana, la corrupción impide la realización de la democracia e  imposibilita directa e indirectamente, el respeto a los derechos humanos, a través de  quienes están en el poder, nuestro país está siendo asaltado y en manos de pocos terminan de forma descarada los recursos que deben beneficiar a diversos sectores sociales que lo necesitan, en consecuencia el daño al tejido social es serio, en este sentido, resulta frustrante evidenciar como el delito de la corrupción en el país queda totalmente impunes. A pesar de que el contexto actual hace más difícil ocultar los desfalcos, y  se han creado normativas más exigentes, el cambio requiere ir más allá, empezando por la estructura misma del Estado, con la falta de definición entre los poderes públicos, y  la fiesta descarada donde se tramitan  favores  y se favorecen intereses personales, sin contar con que en época de elecciones es cuando más evidenciamos esta problemática, dado que las campañas políticas se prestan para financiamientos fraudulentos, lo que claramente atenta contra la democracia.

El siguiente punto, es la no garantía de una vida digna. En este punto es importante hacer mención de los siguientes artículos, el 11 señala que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, el artículo 12 señala: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. El 51 establece: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna…”. Claramente estos artículos  son  una falacia, un aspecto de la realidad colombiana que no se debe desconocer es el fenómeno durante muchos años  del conflicto armado producto del comercio de sustancias ilícitas, y sus consecuencias como son el desplazamiento forzado, en especial de comunidades vulnerables como son población campesina e indígenas, este desplazamiento forzado está acompañado , de forma simultánea, por la vulneración sistemática de los derechos humanos, sumado a la deficiente atención que reciben por parte del Estado.  No debe desconocerse que gran parte de la población colombiana vive en situación de pobreza y otra parte en pobreza extrema, cifra que ha empeorado con la actual pandemia, situación esperada al ser Colombia uno de los países con mayor desigualdad del mundo por ende grandes riquezas están concentradas en pocas manos, el país presenta altos índices de informalidad, y un porcentaje de la población en la miseria.

Por último, no quisiera dejar de lado la problemática de la mala alimentación. Citando el artículo 44 de la Constitución, entre otros aspectos señala, “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…”. En la actualidad falta de seguridad alimentaria constituye un problema serio para el país, gran porcentaje de la población recibe una alimentación pobre, lo cual está estrechamente ligado a la situaciones de pobreza extrema, regiones del país como en la Guajira, el Choco o Vichada presentan altos índices de desnutrición infantil, esto producto en gran medida del abandono por parte de gobiernos y la corrupción, otros factores que influyen en esta problemática, son las condiciones políticas y la situación de violencia, que como he mencionado anteriormente  tienen una relación indisoluble con los niveles de pobreza.  Es contradictorio que un departamento tan rico en recursos naturales como lo es la Guajira presente estos problemas sociales en la actualidad. Este texto hace parte del “Taller de Lectura y Escritura desde la Constitución”, que se desarrolló con el docente Reynaldo Mora Mora en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (I-2021) en el Curso de Constitución Política.

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