La JEP impartió nuevas órdenes a la Consejería presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección ya que han sido asesinados 296 firmantes del Acuerdo Final de Paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves estigmatizaciones.
La decisión fue anunciada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento tras finalizar la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares de protección de los excombatientes las extintas Farc-EP.Al escuchar los informes presentados por la Consejería, la UNP y los representantes del partido Comunes, la sección anunció que en el término de 60 días la Consejería Presidencial para la Estabilización deberá presentar un informe que evidencie la coordinación de acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y las autoridades que tengan responsabilidad directa, para que ajusten y aprueben el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial.
Durante la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo, aseguró: “La prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los Derechos Humanos», citando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el cumplimiento integral del acuerdo.
Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar hizo un llamado a las entidades, enfatizando: “La situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo «, afirmó Salazar.
