*Más de 70 contratistas no se les renovó el contrato. *A 250 entre ex contratistas y ex empleados de nómina le deben aproximadamente 3.600 millones de pesos.
Un nuevo despido se presentó en la ESE Alejandro Prospero Reverend, entidad intervenida desde el 2019 por la Superintendencia de Salud, y que se encuentra en un estado deplorable en materia financiera.
LA LIBERTAD pudo conocer que en los últimos 4 meses más de 70 personas fueron retiradas de la institución, solo por vecimiento de los contratos por órdenes de prestación de servicios.
El ultimo hecho que tiene alertados a los empleados y contratistas de la ESE, se presentó el pasado 30 de octubre, en donde el agente interventor Hernando Macías tomó la decisión de no renovar contratos dejando varias familias samarias sin sustentos.
Según lo informado por varios contratistas que prefirieron reservar sus nombres, estos despidos y cancelación de contratos obedecen a las retaliaciones que está tomando el gerente interventor en concurso con la Superintendencia y los miembros del ‘Cartel de la Salud’, debido que los empleados y contratistas se oponen a los malos manejos administrativos que se le está dando a la entidad.
“Nosotros no estamos de acuerdo con el proceder y el engaño al que hemos estado sometidos durante estos meses de intervención. Según el superintendente Fabio Aristizabal, la medida tomada era para rescatar financieramente a la ESE y de eso no se ha visto absolutamente nada. Cada día las finanzas van de mal en peor. No hay dinero ni siquiera para los insumos de los puestos de salud, lo que hace que la situación se torne bastante compleja”, indicó el empleado.
También, varios ex trabajadores afirman que la ESE burocráticamente estaba siendo manejada por el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez Pinedo, pero por acuerdos políticos y motivos de fondo que aún se desconocen, el manejo fue cedido al senador Fabián Castillo (Cambio Radical), quien ahora determina quién debe ser contratado y quién no.
Ambos senadores han sido denunciados reiterada y públicamente por el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson por pertenecer al cartel de la salud, desangrando la salud de los samarios con el saqueo y bloqueos a la que ha sido sometida la entidad, como también el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.
A lo anterior se le suma a los malos tratos y acosos laborales ha lo que han sido sometidos los que laboran allí. “Todo es un hermetismo, no existe un clima laboral adecuado para que el personal pueda trabajar a gusto”, indicó Víctor Esquivel, vocero de los ex empleados.
NADA DE PAGOS
Víctor Esquivel también denuncia como el gerente interventor juega no solo con la salud de los samarios, sino que además juega con la estabilidad económica de los ex empleados, a quienes aún se les adeudas las liquidaciones desde hace dos años.
Actualmente se necesitan $3.600 millones de pesos para poder finalizar el pago a 250 ex contratistas y ex empleados, que salieron en diciembre de 2019 y aún no han recibido un solo pesos de los dineros que se les adeudan.
“Son familias que están pasando por una situación económica bastante difícil, que a veces no tienen ni siquiera para comer, y el gerente interventor hace como que no le importara. No se conmueve con la necesidad de esas personas con familias y niños pequeños. Eso da tristeza por esa razón seguimos cobrando el dinero que nos pertenece”, aseguró Esquivel.
Aseveró además que en el Fonsaet existen unos recursos que en su momento fueron gestionados por el anterior agente interventor Román De La Rosa Montenegro, por el orden de $1.000 millones de pesos, pero que no han sido gestionados ni por Macías, ni mucho menos por el Superintendente de Salud.
“Tenemos miedo que ese recurso que está destinado para el pago en parte de lo que nos adeudan, quieren desviarlo para pagar proveedores y otras deudas, de acuerdo a lo que me explicó Aristizabal, lo que comprueba que con la venia de la Superintendencia los dineros son desviados hacia otras líneas”, dijo el Vocero de los ex empleados.
Con el médico Román De La Rosa Montenegro, las gestiones estaban fluyendo y se logró la cancelación de la mitad de lo adeudado, llegando a un compromiso del siguiente pago, que no se pudo realizar por su salida y la llegada de Macías.
A esta caótica situación se le suman la escasez de insumos en los puestos de salud, el recorte acelerado y sin ningún estudio técnico de los gastos de inversión encaminadas a la calidad de vida de los samarios.
Se estableció que a pesar de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, la ESE Alejandro Prospero Reverend tiene una deuda que supera los 22 mil millones de pesos que hace que cumplir con las acreencias se hagan imposibles.
