[Tema Universitario] Política Pública de la Educación Superior en Colombia

Columnista: Estefany Sarmiento Vásquez.

En el siguiente artículo se realizará una reflexión sobre los elementos para la formulación de una política pública de educación superior en Colombia de la autora Diana Carolina Sánchez Zapata Abogada y Magíster en Derecho. Profesora, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. En su escrito tiene por objetivo presentar algunas preocupaciones acerca del papel de la educación superior en la sociedad, acerca de su misión, sus fundamentos y motivos frente a la conservación y transmisión de la cultura, el conocimiento y la técnica, de acuerdo con los planteamientos políticos que fueron formulados desde el texto constitucional de 1991. La educación superior es fundamental para mejorar la calidad de vida de la sociedad de un país por tal razón alrededor de esta sean propuesto proyectos de reforma  con el fin de obtener un diagnóstico de cómo está la educación en el país, haciendo una lectura integral de la educación superior en el país, extensiva al ámbito latinoamericano y global lo que dio como resultado la evidente necesidad de definir una política de base que posibilite la participación de diferentes estamentos sociales en un diálogo copioso en torno a  los desafíos que se enfrenta  el sistema educativo.

Dicho resultado ha logrado que como país pensemos en la educación, en sus dificultades, fortalezas, y en la pertinencia o no de su transformación, nos enfrenta a una realidad, es decir saber qué tipo de jóvenes se desean formar y que es lo que ellos necesitan para ser unos profesionales de calidad, íntegros que sirvan a la nación y sean esa pisa clave para que Colombia deje ser un país subdesarrollado, teniendo en cuenta un modelo educativo que permita el desarrollo de los objetivos constitucionales  como ejes fortalecedores del proceso de formación, y para el logro último de los más altos propósitos culturales y éticos como lo plantea la autora Diana Sánchez Zapata. Cabe dilucidar que la constitución es la herramienta clave para mejorar la educación y que está de paso a mejoras en la calidad de vida de cada ciudadano, desde el más rico hasta llegar al ciudadano de a pie, ya que estos cambios o transformaciones en la sociedad sería un proyecto nacional primordial para la formación integral de los seres humanos, la solidez democrática de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural como se establece en nuestra carta magna en el artículo 67 “ La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…”.

Precisamente son estas especificidades los puntos de inicio que permitirán conceptualizar las necesidades que tiene la educación superior colombiana y dar solución a esta con unas políticas publicas lo que requiere un compromiso político claro en los siguientes aspectos: Fortalecer una auténtica democracia universitaria: Este punto es de gran importancia ya que nuestro país es un estado social de derecho donde está por encima la democracia que la voluntad individual como se establece  el art 1 de nuestra ley de leyes “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.  Pero, sin embargo, el gobierno actual de las universidades no adecua la inclusión de todos los sectores universitarios y sociales en proporción con los miembros que mayoritariamente provienen del sector gubernamental, lo que da a entender que el número de representantes por estudiantes no es el adecuado para la cantidad de estudiantes, lo que impide la participación total de todos los miembros del centro educativo. En las universidades debe primar las “libertades de profunda raigambre democrática como las libertades de pensamiento, expresión, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, debe ser sede para la formación de la ciudadanía, debe ser ejemplo desde la composición de sus órganos de dirección y gobierno, de procesos de participación, de inclusión y de democratización” (Diana Carolina Sánchez Zapata).

La formulación de una política de fomento a la educación superior: es de gran impacto encontrar en este escrito que actualmente no existen una política clara de fomento de la educación superior, indispensablemente porque no se tiene una política de Estado sólida al respecto. Desde que la Ley 1324 de 2009 modifico el ICFES en una Entidad o Empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional; recordemos que el ICFES es El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, anteriormente “Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, hoy por hoy  “es una empresa estatal de carácter social, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, y naturaleza especial, que: Ofrece servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles (Exámenes de Estado). Adelanta investigación sobre los factores que inciden en la calidad de la educación. Brinda información que contribuye al mejoramiento y la toma de decisiones en la calidad de la educación. Realiza otros proyectos de evaluación (pruebas específicas) de acuerdo con estándares nacionales e internacionales que requieran las entidades públicas o privadas.”( https://www.icfes.gov.co/es/web/guest/quienes-somos-icfes).

Por otro lado, según un estudio realizado por la Universidad de los Andes  La educación superior en colombia: situación actual y análisis de eficiencia1 Desarrollo y Sociedad, núm. 78, pp. 59-111, 2017 “los resultados destacan la importancia de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de sus familias, así como de otros factores de entorno, para explicar las diferencias en el desempeño académico de los estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por las instituciones de educación superior del país. En efecto, al analizar los resultados se observa que cuando se asumen entornos equivalentes, más de la mitad de las instituciones mejoran sus medidas de eficiencia en porcentajes superiores al 20%. Este resultado se puede atribuir a las ventajas que algunas instituciones obtienen al formar estudiantes con mejores condiciones de entorno, como el nivel de ingreso del hogar y la educación de los padres” (https://www.redalyc.org/journal/1691/169149895003/html/).

Siguiendo con esta línea de ideas es vital que se realice una adopción y una ampliación de estrategias fuertes de apoyo y promoción en la formación de los profesores, investigadores, directivos y administradores de la educación superior, en los términos de la política que al final del día son los que más van a influir en el joven que está siendo educado y son ellos el ejemplo a seguir de estos, claro está sin dejar de lado tácticas para rejuvenecer el Sistema de Bienestar Universitario, y lo que es su actividad en relación con el estímulo a la permanencia y a la culminación  de los estudios superiores por parte de las personas que acceden a este nivel de la educación, ya que si somos conscientes de la realidad de muchos jóvenes no todos terminan sus estudios ya sea por situaciones económicas o por desmotivación emocional y para prevenir esto I.E deben tener todo tipo de herramientas para que ningún joven deje sus estudios a mitad, deben motivarlos para que terminen con las mismas energías con la que empezaron y de esta manera dejaran ese espacio que permitirá a otros jóvenes iniciar el camino a su futuro.  La apuesta por una política pública de educación debe coincidir e incorporar una política pública en materia de calidad, que significa que las políticas deben estar orientadas más allá de la normativa de facultades de inspección y vigilancia por parte del Gobierno Nacional, donde el gobierno tiene la obligación de intervenir en los servicios públicos y de vigilar para que su asistencia se formalice en términos de eficiencia y calidad, es apuntar a que las acciones y estrategias den como resultado una educación superior de calidad, donde cada entidad educativa asuma proyectos o propuestas coherente con sus particularidades y con sus propósitos culturales, entre otras.

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